Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, y las autoridades locales, regionales y nacionales con responsabilidades en la asignación de fondos públicos para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, la elaboración de planes nacionales de banda ancha, la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico y la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio universal en su territorio, tengan en cuenta los resultados del estudio geográfico y de cualquier zona designada de conformidad con los apartados 1, 2 y 3.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades que llevan a cabo el estudio geográfico faciliten dichos resultados siempre que la autoridad receptora procure el mismo nivel de confidencialidad comercial que la autoridad originaria y que informen de ello a quienes proporcionaron la información. Esos resultados se pondrán también a disposición del ORECE y de la Comisión, previa petición y de acuerdo con las mismas condiciones.