Artículo 59 1.

establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías o las dos cosas;

cumplir las obligaciones que establece el artículo 3, el artículo 5, apartado 7, y los artículos 14 a 17 del Reglamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 13 );

asegurar el cumplimiento por los gestores de las redes de transporte y los gestores de las redes de distribución, y, en su caso, por los propietarios de las redes, así como el cumplimiento por cualquier empresa de electricidad y otros participantes en el mercado, de las obligaciones impuestas en virtud de la presente Directiva, el Reglamento (UE) 2019/943, los códigos de red y las directrices adoptados en virtud de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento (UE) 2019/943, y cualquier otra disposición aplicable del Derecho de la Unión, incluso en lo que se refiere a cuestiones transfronterizas, así como de las decisiones de la ACER;

asegurar, en estrecha coordinación con las demás autoridades reguladoras, que la plataforma única de asignación establecida de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión ( 14 ), la REGRT de Electricidad y la entidad de los GRD de la UE cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva, el Reglamento (UE) 2019/943, los códigos de red y las directrices adoptados en virtud de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento (UE) 2019/943, y cualquier otra disposición pertinente del Derecho de la Unión, incluso en lo que se refiere a cuestiones transfronterizas, así como las decisiones de la ACER, y determinar conjuntamente cualquier incumplimiento por parte de la plataforma única de asignación, la REGRT de Electricidad y la entidad de los GRD de la UE de sus obligaciones respectivas; cuando las autoridades reguladoras no hayan conseguido alcanzar un acuerdo en un plazo de cuatro meses tras el inicio de las consultas para determinar de manera conjunta los incumplimientos, el asunto se remitirá a la ACER para que tome una decisión, con arreglo al artículo 6, apartado 10, del Reglamento (UE) 2019/942;

aprobar productos y procesos de contratación de servicios auxiliares de no frecuencia;

aplicar los códigos de red y las directrices adoptados en virtud de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento (UE) 2019/943 a través de medidas nacionales o, cuando así se requiera, medidas coordinadas a nivel regional o de la Unión;

cooperar en cuestiones transfronterizas con la autoridad o autoridades reguladoras de los Estados miembros correspondientes y con la ACER, en particular a través de la participación en los trabajos del Consejo de Reguladores de la ACER con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/942;

cumplir, y poner en práctica, las correspondientes decisiones pertinentes y jurídicamente vinculantes de la Comisión y de la ACER;

garantizar que los gestores de redes de transporte pongan a disposición capacidades de interconexión en la mayor medida posible, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2019/943;

informar anualmente de sus actividades y del cumplimiento de sus obligaciones a las autoridades correspondientes de los Estados miembros, la ACER y la Comisión, incluidas las medidas tomadas y los resultados obtenidos en cuanto a las funciones enumeradas en el presente artículo;

velar por que no haya subvenciones cruzadas entre las actividades de suministro, transporte y distribución u otras actividades eléctricas y no eléctricas;

controlar los planes de inversión de los gestores de redes de transporte, y presentar en su informe anual una evaluación del plan de inversiones de los gestores de redes de transporte en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el conjunto de la Unión, dicha evaluación podrá incluir recomendaciones para modificar esos planes de inversión;

controlar y evaluar la prestación de los gestores de redes de transporte y de los gestores de redes de distribución en relación con el desarrollo de una red inteligente que promueva la eficiencia energética y la integración de energía procedente de fuentes renovables, basándose en un conjunto limitado de indicadores, y publicar un informe nacional cada dos años, que incluya recomendaciones;

establecer o aprobar normas y requisitos de calidad del servicio y del suministro o contribuir a ello junto con otras autoridades competentes así como controlar el cumplimiento y revisar los resultados anteriores de las normas de seguridad y fiabilidad de la red;

controlar el nivel de transparencia, incluido el de los precios mayoristas, y velar por que las empresas de electricidad cumplan las obligaciones de transparencia;

controlar el grado y la efectividad de apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista, incluidos los intercambios de electricidad, los precios para los clientes domésticos incluidos los sistemas de pago anticipado, el impacto de los contratos con precios dinámicos de electricidad y del uso de sistemas de medición inteligentes, los índices de cambio de suministrador, los índices de desconexión, las tarifas de los servicios de mantenimiento, la ejecución de servicios de mantenimiento, la relación entre los precios minoristas y mayoristas, la evolución de las tarifas de acceso a la red y de los gravámenes, y las reclamaciones de los clientes domésticos, así como cualquier falseamiento o restricción de la competencia, incluido aportando toda información pertinente y poniendo en conocimiento de las autoridades correspondientes en materia de competencia los casos que surjan;

supervisar la aparición de prácticas contractuales restrictivas, incluidas las cláusulas de exclusividad que puedan impedir la decisión de los clientes de celebrar contratos simultáneamente con más de un suministrador. En su caso, las autoridades reguladoras nacionales informarán a las autoridades nacionales de competencia acerca de tales prácticas;

controlar el tiempo utilizado por los gestores de la red de transporte y los gestores de la red de distribución para efectuar conexiones y reparaciones;

contribuir a garantizar, junto con otras autoridades pertinentes, la efectividad y aplicación de las medidas de protección de los consumidores;

publicar recomendaciones, al menos con carácter anual, sobre la adecuación de los precios de los suministros a lo dispuesto en el artículo 5, y remitirlas a las autoridades de competencia cuando proceda;

asegurar el acceso no discriminatorio de los clientes a los datos de consumo, facilitar, para uso facultativo, un formato fácilmente comprensible y armonizado de presentación de estos datos en el plano nacional, así como el acceso rápido para todos los clientes a los datos de conformidad con los artículos 23 y 24;

controlar la aplicación de las normas sobre las funciones y competencias de los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución, los suministradores y los clientes y otros participantes en el mercado con arreglo al Reglamento (UE) 2019/943;

controlar las inversiones en capacidad de generación y almacenamiento en relación con la seguridad de suministro;

supervisar la cooperación técnica entre gestores de redes de transporte de la Unión y de terceros países;

contribuir a la compatibilidad de los procesos de intercambio de datos para los procesos de mercado más importantes a escala regional;

controlar la disponibilidad de herramientas de comparación que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14;

controlar la eliminación de los obstáculos y restricciones injustificados al desarrollo del consumo de electricidad autogenerada, del consumo de energía compartida, de las comunidades de energías renovables y de las comunidades ciudadanas de energía, incluidos los obstáculos y las restricciones que impiden la conexión de la generación de energía distribuida flexible en un plazo razonable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, letra d).