5. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, en casos debidamente justificados, cuando sea estrictamente necesario para equiparar la oferta y la demanda de servicios gubernamentales, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, una política de precios que habrá de ser coherente con la política de precios a que se refiere el artículo 63, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/696.
Al adoptar una política de precios, la Comisión garantizará que la prestación de los servicios gubernamentales no distorsione la competencia, de que no haya escasez de servicios gubernamentales y de que el precio en cuestión no dé lugar a la compensación excesiva de los contratistas a que se refiere el artículo 19.