TITLE II REORGANISATION MEASURES

Artículo 3

Adopción de medidas de saneamiento — legislación aplicable

1.  Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen serán las únicas competentes para decidir sobre la aplicación en una entidad de crédito, incluidas las sucursales establecidas en otros Estados miembros, de una o varias medidas de saneamiento.

2.  Las medidas de saneamiento se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables en el Estado miembro de origen, en tanto en cuanto la presente Directiva no disponga otra cosa.

Surtirán todos sus efectos con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en toda la Comunidad y sin otras formalidades, incluso con respecto a terceros establecidos en los demás Estados miembros, aunque la normativa aplicable del Estado miembro de acogida no prevea tales medidas o condicione su aplicación a unos requisitos que no se cumplen.

Las medidas de saneamiento surtirán efecto en toda la Comunidad en cuanto surtan efecto en el Estado miembro en el que se hayan tomado.

Artículo 4

Información a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida

Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen tendrán la obligación de informar sin demora por todos los medios a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida competentes sobre su decisión de adoptar cualquier medida de saneamiento, incluidas las repercusiones concretas que pudiera tener dicha medida, si es posible, antes de su adopción y, si no, inmediatamente después. La transmisión de esta información será efectuada por las autoridades competentes del Estado de origen.

Artículo 5

Información a las autoridades competentes del Estado miembro de origen

Si las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida consideraren necesario aplicar en su territorio una o varias medidas de saneamiento tendrán la obligación de informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. La transmisión será efectuada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

Artículo 6

Publicación

1.  Cuando la aplicación de las medidas de saneamiento decididas de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 3 pueda afectar a los derechos de terceros en un Estado miembro de acogida y en el Estado miembro de origen sea posible presentar recurso contra la decisión que ordene dicha medida, las autoridades administrativas o judiciales competentes del Estado miembro de origen, el administrador o cualquier persona habilitada a este efecto en el Estado miembro de origen deberán publicar un extracto de su decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en dos diarios de difusión nacional de cada Estado miembro de acogida, en particular con objeto de permitir el ejercicio del derecho de recurso dentro de los plazos previstos.

2.  El extracto de la decisión contemplado en el apartado 1 se enviará, cuanto antes y por los medios más adecuados, a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y a los dos diarios de difusión nacional de cada Estado miembro de acogida.

3.  La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas publicará el extracto a más tardar doce días después de su envío.

4.  El extracto de la decisión deberá mencionar, en particular, en la lengua o las lenguas oficiales de los Estados miembros de que se trate, el objeto y la base jurídica de la decisión adoptada, los plazos de recurso, en concreto una indicación claramente comprensible de la fecha de expiración de dichos plazos y, de modo preciso, la dirección de las autoridades o del órgano jurisdiccional competentes para conocer del recurso.

5.  Las medidas de saneamiento se aplicarán independientemente de las medidas establecidas en los apartados 1 a 3 y surtirán todos sus efectos con respecto a los acreedores, a menos que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen o la legislación de dicho Estado relativa a esas medidas dispongan otra cosa.

Artículo 7

Obligación de informar a los acreedores conocidos y derecho de presentación de créditos

1.  Cuando la legislación del Estado miembro de origen exija la presentación de un crédito para su reconocimiento o disponga la notificación obligatoria de la medida a los acreedores que tengan su domicilio, residencia habitual, o domicilio social en dicho Estado, las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen o el administrador informarán asimismo a los acreedores conocidos que tengan su domicilio, residencia habitual, o domicilio social en los demás Estados miembros, según las modalidades previstas en el artículo 14 y en el apartado 1 del artículo 17.

2.  Cuando la legislación del Estado miembro de origen disponga el derecho de los acreedores con residencia habitual, domicilio o domicilio social en dicho Estado a presentar sus créditos o presentar sus observaciones relativas a sus créditos, los acreedores con residencia habitual, domicilio o domicilio social en los demás Estados miembros tendrán también este derecho, según las modalidades previstas en el artículo 16 y en el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 8

Sucursales de las entidades de crédito de terceros países

1.  Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida de una sucursal de una entidad de crédito con domicilio social fuera de la Comunidad tendrán la obligación de informar sin demora por todos los medios a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de acogida en los que la entidad haya establecido sucursales recogidas en la lista contemplada en el artículo 11 de la Directiva 2000/12/CE, que se publica cada año en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, sobre su decisión de adoptar cualquier medida de saneamiento, incluidos los efectos concretos que pudiera tener dicha medida, si es posible, antes de su adopción y, si no, inmediatamente después. La transmisión será efectuada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida cuyas autoridades administrativas o judiciales decidan la aplicación de la medida.

2.  Las autoridades administrativas o judiciales contempladas en el apartado 1 se esforzarán por coordinar sus actuaciones.