Artículo 59 Derecho de voto

Artículo 59

Derecho de voto

1.  Cada socio de la SCE dispondrá de un voto, independientemente del número de participaciones que posea.

2.  Si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social, los estatutos podrán estipular que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la actividad cooperativa por medios distintos de la aportación de capital. Los votos así atribuidos no podrán exceder de cinco por socio ni representar más del 30 % del total de derechos de voto.

Si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social, los estatutos de las SCE que realicen actividades financieras o de seguros podrán estipular que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la actividad cooperativa, incluida su participación en el capital de la SCE. Los votos así atribuidos no podrán exceder de cinco ni representar más del 20 % del total de derechos de voto.

En el caso de las SCE cuyos socios sean mayoritariamente cooperativas, los estatutos podrán disponer, si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social, que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la actividad cooperativa, incluida su participación en el capital de la SCE, o por el número de socios de cada entidad participante, o bien por ambos factores.

3.  Por lo que respecta a los derechos de voto que los estatutos puedan atribuir a los socios no usuarios (inversores), la SCE estará regulada por la legislación aplicable a las cooperativas del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio. No obstante, los derechos de voto del conjunto de los socios no usuarios (inversores) no podrán exceder del 25 % del total de los derechos de voto.

4.  Si, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE lo permite, los estatutos de la SCE podrán prever la participación de los representantes de los trabajadores en las asambleas generales, sectoriales o de sección, siempre que los representantes de los trabajadores no controlen, en conjunto, más del 15 % del total de los derechos de voto. Esos derechos dejarán de aplicarse en el momento en que la SCE traslade su domicilio social a un Estado miembro cuya legislación no contemple tal participación.