1. En un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha del acuse de recibo, las autoridades competentes de todos los Estados miembros afectados notificarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen su consentimiento, las condiciones que consideran necesarias para darlo o su decisión de denegar el consentimiento.
No obstante, las autoridades competentes del Estado miembro de destino y de cualquiera de los Estados miembros de tránsito podrán solicitar una prórroga, de un mes como máximo, del plazo estipulado en el párrafo primero, para dar a conocer su posición.