ANEXO III

1. Para la ejecución de las disposiciones establecidas en el presente anexo, la autoridad reguladora nacional podrá actuar como autoridad competente si así lo decide el Estado miembro.

2. Para dotar de capacidad bidireccional a una interconexión o aumentarla, u obtener o prorrogar una exención de esa obligación, los gestores de redes de transporte situados a ambos lados de la interconexión presentarán a sus autoridades competentes («autoridades competentes interesadas») y a sus autoridades reguladoras («autoridades reguladoras nacionales interesadas»), previa consulta a todos los gestores de redes de transporte potencialmente interesados:

3. Tras la recepción de la propuesta o de la solicitud de exención, las autoridades competentes interesadas consultarán sin demora a las autoridades competentes, y cuando estas no sean las autoridades competentes, a las autoridades reguladoras nacionales del Estado miembro que pudiera, de conformidad con la evaluación de riesgos, beneficiarse de la capacidad de flujo en sentido inverso, o, a la Agencia y a la Comisión sobre la propuesta o la solicitud de exención. Las autoridades consultadas podrán emitir un dictamen en el plazo de los cuatro meses siguientes a la recepción de la solicitud de consulta.

4. Las autoridades reguladoras interesadas, en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la propuesta conjunta y con arreglo al artículo 5, apartados 6 y 7, tras consultar a los promotores del proyecto interesados, tomarán medidas coordinadas sobre la distribución transfronteriza de los costes de inversión que deberá asumir cada uno de los gestores de redes de transporte del proyecto. Cuando las autoridades reguladoras nacionales interesadas no hayan llegado a un acuerdo en dicho plazo, informarán a las autoridades competentes interesadas sin demora.

5. Las autoridades competentes interesadas, basándose en la evaluación de riesgos, en la información enunciada en el artículo 5, apartado 5, del presente Reglamento, en los dictámenes recibidos a raíz de la consulta efectuada de conformidad con el punto 3 del presente anexo, y teniendo en cuenta la seguridad de suministro de gas y la contribución al mercado interior del gas, tomarán una decisión coordinada. Esa decisión coordinada se tomará en el plazo de dos meses. Dicho plazo empezará a contar tras el período de cuatro meses que se permite para los dictámenes a que se refiere el punto 3 del presente anexo, a menos que todos los dictámenes se hayan recibido con anterioridad, o después del período de seis meses al que hace referencia el punto 4 del presente anexo para que las autoridades reguladoras interesadas adopten una decisión coordinada. Dicha decisión coordinada:

6. Las autoridades competentes interesadas presentarán sin demora la decisión coordinada a las autoridades competentes y a las autoridades reguladoras nacionales que hayan sometido un dictamen con arreglo al punto 3, a las autoridades reguladoras interesadas, a la Agencia y a la Comisión, incluyendo los dictámenes recibidos en respuesta a la consulta de conformidad con el punto 3.

7. En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la decisión coordinada, las autoridades competentes a que se refiere el punto 6 podrán formular sus objeciones a la decisión coordinada y presentarlas a las autoridades competentes interesadas que la hayan adoptado, a la Agencia y a la Comisión. Las objeciones se limitarán a los hechos y a la evaluación, en particular la distribución transfronteriza de costes que no haya sido objeto de consulta de conformidad con el punto 3.

8. En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la decisión coordinada de conformidad con el punto 6, la Agencia formulará un dictamen sobre los elementos de la decisión coordinada en el que tendrá en cuenta cualquier posible objeción y lo presentará a todas las autoridades competentes interesadas, a las autoridades competentes a que se refiere el punto 6, y a la Comisión.

9. En un plazo de cuatro meses a partir de la recepción del dictamen emitido por la Agencia con arreglo al punto 8, la Comisión podrá adoptar una decisión por la que solicite la modificación de la decisión coordinada. Cualquier decisión que tome la Comisión al respecto se adoptará con arreglo a los criterios establecidos en el punto 5, las razones para la decisión de las autoridades interesadas y el dictamen de la Agencia. Las autoridades competentes darán curso a la solicitud de la Comisión modificando su decisión en un plazo de cuatro semanas.

10. Si las autoridades competentes interesadas no pudieran adoptar una decisión coordinada dentro del plazo establecido en el punto 5, o si las autoridades reguladoras interesadas no pudieran lograr un acuerdo sobre la distribución de costes dentro del plazo establecido en el punto 4, las autoridades competentes interesadas informarán a la Agencia y a la Comisión a más tardar el día de expiración de dicho plazo. En un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de dicha información, la Comisión, tras la posible consulta con la Agencia, adoptará una decisión que incluya todos los elementos de una decisión coordinada como se enuncia en el punto 5, con la excepción de la distribución transfronteriza de costes, y presentará dicha decisión a las autoridades competentes interesadas y a la Agencia.

11. Si la decisión de la Comisión prevista en el punto 10 del presente anexo requiere capacidad bidireccional, la Agencia adoptará una decisión que incluya la distribución transfronteriza de costes en consonancia con el artículo 5, apartado 7, del presente Reglamento en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la decisión de la Comisión. Antes de adoptar tal decisión, la Agencia consultará a las autoridades reguladoras interesadas y a los gestores de las redes de transporte. El plazo de tres meses podrá prorrogarse por un plazo adicional de dos meses cuando la Agencia tenga que solicitar información adicional. El plazo adicional comenzará a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la información completa.

12. La Comisión, la Agencia, las autoridades competentes, las autoridades reguladoras nacionales y los gestores de la red de transmisión preservarán el carácter confidencial de la información delicada a efectos comerciales.

13. Seguirán siendo válidas las exenciones de la obligación de permitir la capacidad bidireccional prevista en virtud del Reglamento (UE) n.o 994/2010, a menos que la Comisión o el otro Estado miembro interesado soliciten una revisión, o que expire su plazo de validez.