A más tardar el 21 de diciembre de 2025, y posteriormente cada cinco años, la Comisión revisará el funcionamiento de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.
En particular, dichas revisiones evaluarán las implicaciones para el mercado del artículo 61, apartado 3, y los artículos 76, 78 y 79. También evaluarán si bastan los poderes de intervención ex ante y de otro tipo con arreglo a la presente Directiva para permitir a las autoridades nacionales de reglamentación eliminar estructuras de mercado oligopolísticas no competitivas, y para garantizar el continuo desarrollo de la competencia en los mercados de las comunicaciones electrónicas en beneficio de los usuarios finales.
A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros y estos deberán facilitarla sin dilación injustificada.