Preamble: 1

(1)

La Directiva 98/83/CE del Consejo (4) ha sido modificada en varias ocasiones y de forma sustancial (5). Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)

La Directiva 98/83/CE establece el marco legal para proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. La presente Directiva debe perseguir el mismo objetivo y mejorar el acceso a dichas aguas para todos en la Unión. A tal efecto, se hace necesario el establecimiento a escala de la Unión de los requisitos mínimos que deben cumplir las aguas destinadas a ese fin. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano no contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración, que, en determinados casos, suponen un peligro potencial para la salud humana, así como para garantizar que esas aguas cumplan tales requisitos mínimos.

(3)

Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las aguas minerales naturales y las aguas que tengan la consideración de medicamento, pues esos tipos de agua ya están regulados, respectivamente, por las Directivas 2009/54/CE (6) y 2001/83/CE (7) del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, la Directiva 2009/54/CE comprende tanto las aguas minerales naturales como las aguas de manantial, y únicamente la primera categoría debe quedar excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva. De conformidad con el artículo 9, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2009/54/CE, las aguas de manantial deben ajustarse a lo dispuesto en la presente Directiva y, por lo que respecta a los requisitos microbiológicos, las aguas de manantial deben cumplir lo dispuesto en la Directiva 2009/54/CE. En el caso de las aguas destinadas al consumo humano que se envasen en botellas u otros recipientes para su venta o para su uso en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, ese tipo de agua debe, por principio, seguir cumpliendo lo dispuesto en la presente Directiva hasta el punto de cumplimiento, esto es, el grifo, y a partir de ese punto debe tener la consideración de alimento si está destinada a ser ingerida por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

Asimismo, los explotadores de empresas alimentarias que dispongan de su propia fuente de agua y la utilicen para los fines específicos de su actividad empresarial deben poder quedar exentos de lo dispuesto en la presente Directiva, siempre que cumplan las obligaciones correspondientes, en particular en lo que se refiere a los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico y medidas correctivas en virtud de la legislación aplicable de la Unión en materia de alimentos. Los explotadores de empresas alimentarias que disponen de su propia fuente de agua y actúan como suministradores de agua deben cumplir lo dispuesto en la presente Directiva de la misma manera que cualquier otro suministrador de agua.

(4)

Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua (en lo sucesivo, Iniciativa «Right2Water»), la Comisión inició una consulta pública a escala de la Unión y efectuó una evaluación de la Directiva 98/83/CE desde el punto de vista de la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Se hizo evidente en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de dicha Directiva. Se identificaron cuatro ámbitos que presentaban un margen de mejora, a saber, la lista de valores paramétricos basados en la calidad, la escasa aplicación del método basado en factores de riesgo, la imprecisión de las disposiciones sobre información a los consumidores y las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales que entran en contacto con las aguas destinadas al consumo humano y las consecuencias que dichas disparidades tienen en la salud humana. Además, en la Iniciativa «Right2Water» se identificó como un claro problema el hecho de que parte de la población, en particular los grupos marginados, carezca de acceso a agua destinada al consumo humano, y proporcionar dicho acceso constituye un compromiso en virtud del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) n.o 6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Una última cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación sobre las fugas de agua, que son el resultado de una inversión insuficiente en el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras hídricas, tal y como se señaló también en el Informe Especial n.o 12/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 5 de julio de 2017, «Aplicación de la Directiva sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen siendo considerables».

(5)

En 2017, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una revisión pormenorizada de la lista de parámetros y valores paramétricos establecida en la Directiva 98/83/CE con el objetivo de determinar si es necesario adaptarla habida cuenta de los avances técnicos y científicos. De los resultados de la revisión se extrae que deben controlarse los patógenos intestinales y las bacterias del género Legionella y añadirse seis parámetros químicos o grupos de parámetros. Con respecto a cuatro de los seis nuevos parámetros o grupos de parámetros, sobre la base de otros dictámenes científicos recientes y del principio de cautela, se han de fijar unos valores paramétricos más estrictos, aunque viables, que los propuestos por la OMS. En uno de los parámetros nuevos debe reducirse el número de sustancias representativas y adaptarse el valor. En el caso del cromo, el valor aún está siendo examinado por la OMS y, por consiguiente, ha de establecerse un período transitorio de quince años antes de que el valor pase a ser más estricto. Asimismo, la OMS recomendó que tres compuestos representativos con propiedades de alteración endocrina puedan considerarse como referencias (con valores de 0,1 μg/l para el bisfenol A, de 0,3 μg/l para el nonilfenol y de 1 ng/l para el β-estradiol) para evaluar la presencia de compuestos con propiedades de alteración endocrina y la eficacia del tratamiento cuando sea necesario.

Sin embargo, a partir de un dictamen de 2015 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), se decidió que uno de esos tres compuestos, el bisfenol A, debía añadirse a la presente Directiva con un valor paramétrico basado en la salud de 2,5 μg/l. Además, el nonilfenol y el β-estradiol deben añadirse a la lista de observación que debe elaborar la Comisión de conformidad con la presente Directiva.

(6)

En el caso del plomo, la OMS recomendó mantener el valor paramétrico actual, pero señaló que las concentraciones de esta sustancia deben ser tan bajas como sea razonablemente posible. Por lo tanto, debería poder mantenerse el valor actual de 10 μg/l durante 15 años tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Como máximo al término de dicho período de transición, el valor paramétrico para el plomo debe ser de 5 μg/l. Además, puesto que las tuberías de plomo existentes en casas y edificios constituyen un problema persistente y los Estados miembros no siempre cuentan con la autoridad necesaria para imponer su sustitución, el valor de 5 μg/l debe seguir siendo indicativo por lo que respecta a las obligaciones relativas a los sistemas de distribución domiciliaria. No obstante, para que todos los materiales nuevos que entren en contacto con el agua destinada al consumo humano, independientemente de si se utilizan en los sistemas de suministro o de distribución domiciliaria, estén autorizados de conformidad con la presente Directiva, el valor de 5 μg/l debe aplicarse en el grifo.

(7)

A fin de atender a la creciente preocupación pública por los efectos en la salud humana de compuestos emergentes, como los compuestos con propiedades de alteración endocrina, los productos farmacéuticos y los microplásticos, por el uso de agua destinada al consumo humano, y de examinar los nuevos compuestos emergentes en la cadena de suministro, debe introducirse en la presente Directiva un mecanismo de lista de observación. Dicho mecanismo va a permitir responder a las crecientes preocupaciones de manera dinámica y flexible. También va a permitir realizar un seguimiento de los nuevos conocimientos sobre la relevancia para la salud humana de esos compuestos emergentes, así como de los nuevos conocimientos sobre los planteamientos y las metodologías de seguimiento más adecuados. Este mecanismo de la lista de observación para las aguas destinadas al consumo humano forma parte de la respuesta a varias políticas de la Unión pertinentes, tal como se expone en la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2019, «Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente», la Comunicación de la Comisión de 7 de noviembre de 2018, «Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos», y las Conclusiones del Consejo de 26 de junio de 2019, «Hacia una Estrategia para una política sostenible en materia de productos químicos de la Unión».

(8)

Asimismo, la OMS recomendó unos valores menos estrictos para tres parámetros y la supresión de cinco parámetros de la lista de parámetros y valores paramétricos establecida en la Directiva 98/83/CE. Sin embargo, no todos esos cambios se consideran necesarios debido a que el método basado en factores de riesgo introducido en virtud de la Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión (9) autoriza a los suministradores de agua a eliminar un parámetro de la lista de parámetros que deben ser objeto de control en determinadas condiciones. Las técnicas de tratamiento para cumplir esos valores paramétricos ya están disponibles.

(9)

Los valores paramétricos que dispone la presente Directiva se basan en los conocimientos científicos disponibles y en el principio de cautela y se seleccionan para que las aguas destinadas al consumo humano puedan consumirse con seguridad durante toda la vida, garantizando, por tanto, un alto nivel de protección de la salud.

(10)

Debe lograrse un equilibrio con el fin de prevenir los riesgos microbiológicos y químicos, y, para ello, a la luz de una futura revisión de los valores paramétricos, la fijación de valores paramétricos aplicables a las aguas destinadas al consumo humano debe estar basada en motivos de salud pública y en un método de evaluación de riesgos.

(11)

Los parámetros indicadores no tienen una incidencia directa en la salud pública. No obstante, resultan importantes a la hora de determinar el funcionamiento de las instalaciones de producción y distribución de agua destinada al consumo humano y de evaluar la calidad de esta. Dichos parámetros pueden ayudar a detectar las deficiencias en el tratamiento del agua y desempeñan un papel importante a la hora de aumentar y conservar la confianza de los consumidores en la calidad del agua. Por lo tanto, los Estados miembros deben asegurarse de que se controlen dichos parámetros.

(12)

En los casos en que sea necesario para proteger la salud humana en sus territorios respectivos, debe exigirse a los Estados miembros que fijen valores para parámetros adicionales a los incluidos en el anexo I, basados en el principio de cautela.

(13)

La seguridad de las aguas destinadas al consumo humano no solo implica la ausencia de sustancias y microorganismos nocivos, sino también la presencia de una cantidad determinada de minerales naturales y elementos esenciales, teniendo en cuenta que el consumo a largo plazo de agua desmineralizada o de agua muy pobre en elementos esenciales como el calcio y el magnesio puede poner en peligro la salud humana. También es esencial que el agua contenga una cantidad determinada de dichos minerales para que el agua destinada al consumo humano no sea ni agresiva ni corrosiva y para mejorar su sabor. Las concentraciones mínimas de dichos minerales en agua desmineralizada o sometida a tratamientos de ablandamiento pueden determinarse con arreglo a las condiciones locales.

(14)

La planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en factores de riesgo no se contemplaban sino de forma limitada en la Directiva 98/83/CE. Los primeros elementos de un método basado en factores de riesgo se introdujeron en 2015 en la Directiva (UE) 2015/1787 a fin de autorizar a los Estados miembros a establecer excepciones a sus programas de control, siempre y cuando se realicen evaluaciones de riesgos verosímiles, que pueden basarse en las Guías para la calidad del agua potable de la OMS (en lo sucesivo, «guías de la OMS»). Las guías de la OMS, en las que se introduce el denominado enfoque de «planes de seguridad del agua», también para pequeñas comunidades, junto con la norma EN 15975-2 sobre la seguridad en el suministro de agua potable, son principios internacionalmente reconocidos en los que se basan la producción y distribución del agua destinada al consumo humano, y el control y análisis de los parámetros relativos a esta. Esos primeros elementos de un método basado en factores de riesgo deben mantenerse en la presente Directiva.

(15)

A fin de garantizar que los elementos de un método basado en factores de riesgo, que introdujo la Directiva (UE) 2015/1787, no se limiten a aspectos relacionados con el control, destinar tiempo y recursos a los riesgos relevantes y a medidas en origen que sean eficaces en relación con los costes, y evitar que se dediquen análisis y esfuerzos a cuestiones no relevantes, conviene introducir en materia de seguridad del agua un método basado en factores de riesgo que sea completo, que cubra toda la cadena de suministro, desde la zona de captación, extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución hasta el punto de cumplimiento. Tal método debe basarse en los conocimientos adquiridos y en las acciones desarrolladas en el marco de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y debe tener en cuenta de forma más efectiva el impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Este método basado en factores de riesgo debe constar de tres componentes. En primer lugar, una determinación de los peligros ligados a las zonas de captación de los puntos de extracción («evaluación y gestión de riesgos de las zonas de captación de los puntos de extracción del agua destinada al consumo humano»), en consonancia con las guías de la OMS y su Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. En segundo lugar, la posibilidad para el suministrador de agua de adaptar el control a los riesgos principales y adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos detectados en la cadena de suministro y derivados de la extracción, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución del agua («evaluación y gestión de riesgos para el sistema de suministro»). En tercer lugar, una evaluación de los riesgos potenciales que puedan derivarse de los sistemas de distribución domiciliaria, por ejemplo, la presencia de Legionella o de plomo («evaluación de riesgos de los sistemas de distribución domiciliaria»), haciendo especial hincapié en locales prioritarios. Las evaluaciones deben revisarse periódicamente en respuesta, entre otras causas, a amenazas relacionadas con condiciones climáticas extremas, cambios conocidos de la actividad humana en la zona de extracción o incidentes relacionados con la fuente. El método basado en factores de riesgo debe garantizar un intercambio continuo de información entre las autoridades competentes y los suministradores de agua.

(16)

A fin de reducir la posible carga administrativa para los suministradores de agua que suministren de media entre 10 m3 y 100 m3 al día o que abastezcan a entre 50 y 500 personas, los Estados miembros deben tener la posibilidad de eximir a dichos suministradores de realizar una evaluación de riesgos del sistema de suministro, siempre y cuando se realice un control periódico de conformidad con la presente Directiva. Excepcionalmente, la aplicación del método basado en factores de riesgo debe adaptarse a las limitaciones específicas de los buques marítimos que desalinizan agua y transportan pasajeros. Los buques marítimos que enarbolan pabellón de la Unión se rigen por el marco normativo internacional cuando navegan por aguas internacionales. Debe garantizarse que se dé prioridad a la normativa internacional vigente o a las normas reconocidas internacionalmente, por ejemplo, el programa de saneamiento de buques desarrollado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que sean más detalladas y más estrictas y se apliquen a los buques que navegan en aguas internacionales.

(17)

La evaluación y gestión de riesgos de las zonas de captación de los puntos de extracción ha de adoptar una visión global y estar orientada a reducir el nivel de tratamiento necesario para producir agua destinada al consumo humano, por ejemplo, mediante la reducción de las presiones que causan la contaminación o un riesgo de contaminación de las masas de agua de las que se extrae agua destinada al consumo humano. A tal efecto, los Estados miembros deben caracterizar las zonas de captación de los puntos de extracción y detectar los peligros y eventos peligrosos que podrían causar el deterioro de la calidad del agua, por ejemplo, las posibles fuentes de contaminación ligadas a estas zonas de captación.

Cuando sea necesario en el marco de la detección de peligros, los Estados miembros deben hacer un seguimiento de determinados contaminantes que consideren pertinentes, tales como nitratos, plaguicidas o medicamentos contemplados en la Directiva 2000/60/CE, o debido a su presencia natural en la zona de extracción, como en el caso del arsénico, o debido a información facilitada por los suministradores de agua, por ejemplo, respecto de un aumento repentino en la concentración de un parámetro específico en el agua sin tratar. Cuando las aguas superficiales se utilicen para el agua destinada al consumo humano, los Estados miembros deben prestar especial atención a la evaluación de riesgos en relación con los microplásticos y los compuestos con propiedades de alteración endocrina, como el nonilfenol y el β-estradiol, y, en caso necesario, deben exigir a los suministradores de agua que también supervisen y, de ser necesario, apliquen al agua un tratamiento en relación con esos y otros parámetros incluidos en la lista de observación si se consideran un peligro potencial para la salud humana. A partir de la evaluación del riesgo de las zonas de captación de los puntos de extracción, deben adoptarse medidas de gestión para prevenir o controlar los riesgos detectados a fin de proteger la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Cuando un Estado miembro compruebe, mediante la detección de peligros y eventos peligrosos, que un parámetro no está presente en zonas de captación de los puntos de extracción, por ejemplo, porque esa sustancia nunca se encuentra en masas de agua subterráneas o superficiales, el Estado miembro debe informar de ello a los suministradores de agua pertinentes y debe poder permitirles reducir la frecuencia de control de ese parámetro o eliminarlo de la lista de parámetros que deben controlarse, sin llevar a cabo una evaluación de riesgos del sistema de suministro.

(18)

La Directiva 2000/60/CE exige a los Estados miembros que especifiquen las masas de agua utilizadas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, hagan un control de estas masas de agua y adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad a fin de reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de aguas aptas para el consumo humano. Con objeto de evitar duplicidades en las obligaciones, los Estados miembros, al realizar la detección de peligros y eventos peligrosos, deben utilizar los resultados disponibles de los controles, que sean representativos de las zonas de captación, obtenidos en virtud de los artículos 7 y 8 de la Directiva 2000/60/CE o de otra legislación pertinente de la Unión. No obstante, en los casos en que tales datos de control no estén disponibles, podría instaurarse el control de parámetros, sustancias o contaminantes pertinentes a fin de facilitar la caracterización de las zonas de captación y evaluar riesgos potenciales. Dicho control debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la situación local y las fuentes de contaminación.

(19)

Los valores paramétricos que dispone la presente Directiva a efectos de evaluar la calidad del agua destinada al consumo humano deben cumplirse en el punto en el cual sale de los grifos que son utilizados habitualmente para el agua destinada al consumo humano. No obstante, la calidad del agua destinada al consumo humano puede verse afectada por los sistemas de distribución domiciliaria. La OMS señala que, en la Unión, la Legionella es, de entre todos los patógenos presentes en el agua, la que mayor carga sanitaria genera. Se transmite por inhalación a través de los sistemas de distribución de agua caliente, por ejemplo, durante la ducha. Así pues, es un patógeno claramente vinculado a los sistemas de distribución domiciliaria. Dado que la imposición de una obligación unilateral de someter a control todos los locales públicos y privados para detectar este patógeno conllevaría unos costes injustificadamente elevados, la evaluación de riesgos de los sistemas de distribución domiciliaria es la opción más idónea para hacer frente a esta cuestión. Además, en esa evaluación de riesgos también deben contemplarse los riesgos potenciales derivados de los productos y materiales en contacto con aguas destinadas al consumo humano. Por consiguiente, la evaluación del riesgo de los sistemas de distribución domiciliaria debe incluir, entre otros aspectos, una atención central al control de locales prioritarios determinados por los Estados miembros, como hospitales,instituciones sanitarias, residencias de ancianos, guarderías, escuelas, instituciones educativas, edificios en los que se ofrecen servicios de alojamiento, restaurantes, bares, centros deportivos y comerciales, centros de exposiciones, de recreo y ocio, centros penitenciarios y zonas de acampada, y una evaluación de los riesgos derivados de los sistemas de distribución domiciliaria y de los productos y materiales relacionados. A partir de la evaluación de riesgos, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para garantizar, entre otros aspectos, que se cuenta con las medidas de control y gestión apropiadas, por ejemplo, en caso de brotes, en consonancia con las directrices de la OMS, y que la migración de sustancias potencialmente perjudiciales procedentes de los productos de construcción no pone en peligro la salud humana.

(20)

Las disposiciones de la Directiva 98/83/CE sobre la garantía de la calidad del tratamiento, los equipos y los materiales no lograron crear requisitos de higiene uniformes para los productos en contacto con aguas destinadas al consumo humano. Como resultado de ello, las homologaciones de los productos se realizan a escala nacional, y los requisitos difieren entre los Estados miembros. En consecuencia, resulta difícil y costoso para los fabricantes comercializar sus productos en toda la Unión y es costoso también para los Estados miembros. Además, a los consumidores y suministradores de agua les resulta difícil saber si los productos cumplen los requisitos sanitarios. El establecimiento de requisitos mínimos armonizados, en la presente Directiva, para los materiales que entran en contacto con aguas destinadas al consumo humano va a contribuir a que se alcance un nivel uniforme de protección de la salud en toda la Unión, así como un mejor funcionamiento del mercado interior. Por otra parte, el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) establece para toda la Unión un mecanismo general de vigilancia del mercado de los productos, con miras a garantizar que solo se comercialicen en la Unión productos conformes que cumplan requisitos que ofrezcan un elevado nivel de protección de los intereses públicos, como la salud y la seguridad en general, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente y la seguridad pública. Dicho Reglamento establece que, si se adopta nueva legislación de armonización de la Unión, deberá especificarse en ella si el Reglamento (UE) 2019/1020 también es aplicable a dicha legislación. Por consiguiente, con el fin de garantizar que puedan adoptarse medidas adecuadas de vigilancia del mercado por lo que respecta a los productos a los que no sea todavía aplicable el Reglamento (UE) 2019/1020, pero que se vean afectados por la presente Directiva, conviene establecer la aplicación de dicho Reglamento a esos productos.

(21)

La naturaleza de los materiales que entran en contacto con aguas destinadas al consumo humano puede repercutir en la calidad de dichas aguas a través de la migración de sustancias potencialmente perjudiciales, al favorecer la proliferación microbiana, o al alterar el olor, color o sabor de esas aguas. En la evaluación de la Directiva 98/83/CE se concluyó que las disposiciones sobre garantía de la calidad del tratamiento, equipos y materiales proporcionaban demasiada flexibilidad normativa, lo que daba lugar a distintos sistemas nacionales de homologación en todo el territorio de la Unión relativos a materiales que entran en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Por consiguiente, es necesario establecer requisitos mínimos de higiene más específicos para los materiales destinados a utilizarse en la extracción, el tratamiento, el almacenamiento o la distribución de agua destinada al consumo humano en instalaciones nuevas o en instalaciones existentes en caso de obras de reparación o de reconstrucción, a fin de garantizar que no pongan en peligro, ni directa ni indirectamente, la salud humana, ni afecten negativamente al color, olor o sabor del agua, ni favorezcan la proliferación microbiana en el agua, ni provoquen que los contaminantes se filtren en el agua en concentraciones superiores a las necesarias para el fin previsto. A tal efecto, la presente Directiva debe fijar unos requisitos mínimos específicos de higiene para los materiales, mediante el establecimiento de metodologías para el ensayo y aceptación de sustancias de partida, composiciones y componentes, listas positivas europeas de sustancias de partida, composiciones y componentes, métodos y procedimientos para incluir sustancias de partida, composiciones o componentes a las listas positivas europeas o revisar su inclusión, así como procedimientos y métodos de ensayo y aceptación de los materiales finales utilizados en un producto elaborado a partir de combinaciones de sustancias de partida, composiciones o componentes de la listas positivas europeas.

Con el fin de no obstaculizar la innovación, la Comisión debe garantizar que esos procedimientos sean proporcionados, y que no supongan una carga excesiva para los operadores económicos, en particular las pequeñas y medianas empresas. En la medida de lo posible, esos procedimientos deben adaptarse a la legislación vigente sobre productos de la Unión, a fin de evitar una doble carga que obligue a los operadores económicos a realizar diferentes evaluaciones de la conformidad para el mismo producto.

(22)

Las listas positivas europeas son las listas de sustancias de partida, composiciones y componentes, en función del tipo de materiales, a saber, orgánicos, cementosos, metálicos, esmaltados y cerámicos u otros materiales inorgánicos, cuya utilización esté autorizada para la fabricación de materiales, y dichas listas deben incluir, cuando proceda, las condiciones de utilización y los límites de migración. Para incluir una sustancia de partida, composición o componente en las listas positivas europeas se debe exigir una evaluación de riesgos de la propia sustancia de partida, composición o componente, así como de las impurezas pertinentes y de los productos de reacción y degradación previsibles según el uso previsto. La evaluación de riesgos efectuada por el solicitante o la autoridad nacional debe tener en cuenta los riesgos para la salud derivados de la posible migración en las peores condiciones previsibles de uso y de la toxicidad. Basándose en la evaluación de riesgos, las listas positivas europeas deben, en caso necesario, establecer especificaciones para la sustancia de partida, composición o componente y restricciones de uso, restricciones cuantitativas o límites de migración para la sustancia de partida, composición o componente, las posibles impurezas y los productos de reacción o los componentes con objeto de garantizar la seguridad del material final que se utilice en productos en contacto con aguas destinadas al consumo humano.

A efectos de establecer las primeras listas positivas europeas, deben ponerse a disposición de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas creada en virtud del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) (en lo sucesivo, «ECHA», por sus siglas en inglés) las listas positivas nacionales de sustancias de partida, composiciones y componentes, u otras disposiciones nacionales, las metodologías que dieron lugar a la elaboración de dichas listas y disposiciones nacionales, así como las correspondientes evaluaciones de riesgo para cada una de las sustancias de partida, composiciones y componentes. Sobre esa base, la ECHA debe recomendar a la Comisión listas recapitulativas. La ECHA debe revisar y emitir un dictamen sobre las sustancias, composiciones y componentes de las primeras listas positivas europeas a tiempo para que la Comisión pueda revisar las listas en un plazo de quince años a partir de su adopción. A efectos de la actualización de las listas positivas europeas, la ECHA debe emitir dictámenes sobre la inclusión o la supresión de sustancias, composiciones o componentes.

(23)

A fin de facilitar ensayos uniformes de productos para cumplir con los requisitos de la presente Directiva, la Comisión debe solicitar al Comité Europeo de Normalización (CEN) que elabore normas para la realización de ensayos y evaluaciones uniformes de productos en contacto con aguas destinadas al consumo humano. Al establecer y actualizar las listas positivas europeas, la Comisión debe garantizar que todos los actos pertinentes o mandatos de normalización que adopte con arreglo a otra legislación de la Unión sean coherentes con la presente Directiva.

(24)

Asimismo, a más tardar nueve años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva, debe revisarse el funcionamiento del sistema introducido por ella con el fin de evaluar si se garantiza la protección de la salud humana en toda la Unión y si se protege adecuadamente el funcionamiento del mercado interior de productos en contacto con aguas destinadas al consumo humano utilizando materiales aprobados. Debe evaluarse también si se precisa alguna otra propuesta legislativa en la materia, teniendo en cuenta en particular los resultados de las evaluaciones de los Reglamentos (CE) n.o 1935/2004 (13) y (UE) n.o 305/2011 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(25)

Los productos en contacto con aguas destinadas al consumo humano deben estar compuestos por un material, o una combinación de materiales, aprobado de conformidad con la presente Directiva. No obstante, la presente Directiva solo aborda los aspectos sanitarios e higiénicos de los materiales y sustancias utilizados en los productos con respecto a su impacto en la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, así como las normas para los ensayos de conformidad y el control de calidad de los productos finales. No aborda otros requisitos, como las normas sobre el modo de expresar el rendimiento de los productos o las normas sobre seguridad estructural, que pueden regularse por la legislación de armonización de la Unión, como el Reglamento (UE) n.o 305/2011 o el Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), o derivarse de dicha legislación. La coexistencia de aspectos ligados a los riesgos en materia de salud e higiene armonizados por la presente Directiva y aspectos ligados a los riesgos en materia de seguridad o de otro tipo contemplados en la legislación de armonización de la Unión no crearía ningún conflicto, a condición de que no existiera solapamiento entre los riesgos respectivamente cubiertos. Existe un conflicto potencial entre el Reglamento (UE) n.o 305/2011 y la presente Directiva, dado que evitar liberar sustancias peligrosas en el agua potable o sustancias que puedan tener de algún modo repercusiones negativas en ella figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011 como uno de los requisitos básicos de las obras de construcción. Sin embargo, este solapamiento no se va a materializar si no se otorga ningún mandato de normalización en virtud del Reglamento (UE) n.o 305/2011 en lo que respecta a los aspectos sanitarios e higiénicos de los productos en contacto con aguas destinadas al consumo humano.

(26)

Es necesario garantizar la eficacia en la toma de decisiones, la coordinación y la gestión, a escala de la Unión, de los aspectos técnicos, científicos y administrativos de la presente Directiva relacionados con los materiales que entran en contacto con agua destinada al consumo humano. La ECHA debe desempeñar tareas especificadas en la presente Directiva en relación con la evaluación de sustancias y composiciones para los materiales que entran en contacto con agua destinada al consumo humano. Por consiguiente, el Comité de Evaluación del Riesgo de la ECHA creado en virtud del artículo 76, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe facilitar el ejercicio de determinadas tareas atribuidas a la ECHA por la presente Directiva mediante la emisión de dictámenes.

(27)

Podrían utilizarse sustancias químicas de tratamiento y medios de filtración para el agua sin tratar, a fin de obtener agua apta para el consumo humano. Sin embargo, las sustancias químicas de tratamiento y los medios de filtración pueden presentar riesgos en relación con la seguridad del agua destinada al consumo humano. Por tanto, los procedimientos para tratar y desinfectar las aguas destinadas al consumo humano deben garantizar el uso de sustancias químicas de tratamiento y medios de filtración que sean eficaces, seguros y que estén bien gestionados, a fin de evitar efectos adversos en la salud de los consumidores. Por consiguiente, las sustancias químicas de tratamiento y los medios de filtración deben evaluarse con respecto a sus características, sus requisitos de higiene y su pureza, y no deben utilizarse más de lo necesario con objeto de evitar riesgos para la salud humana. Las sustancias químicas de tratamiento y los medios de filtración no deben favorecer la proliferación microbiana a no ser que estén destinados a tal fin, por ejemplo, para favorecer la desnitrificación microbiana.

Los Estados miembros deben asegurar la garantía de calidad de las sustancias químicas de tratamiento y los medios de filtración, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y utilizando las normas europeas existentes cuando se disponga de ellas. Resulta fundamental garantizar que cada producto, así como los recipientes de reactivos químicos y medios de filtración, que entre en contacto con agua destinada al consumo humano lleve una marca claramente legible e indeleble cuando se comercialice, en la que se informe a consumidores, suministradores de agua, instaladores, autoridades y reguladores de que el artículo es apto para utilizarse en contacto con agua destinada al consumo humano. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012, los Estados miembros pueden restringir o prohibir el uso de biocidas en el suministro de agua potable al público, incluso en el suministro individual.

(28)

Con objeto de minimizar la posible presencia de plomo en las aguas destinadas al consumo humano, los componentes de plomo de los sistemas de distribución domiciliaria pueden sustituirse, en particular, en caso de obras de reparación o de reconstrucción en instalaciones existentes. Estos componentes deben sustituirse por materiales que cumplan los requisitos mínimos para los materiales que entren en contacto con agua destinada al consumo humano, como establece la presente Directiva. A fin de acelerar ese proceso, los Estados miembros deben considerar y, en su caso, adoptar medidas para la sustitución de componentes de plomo de los sistemas de distribución domiciliaria existentes, si es viable desde el punto de vista económico y técnico.

(29)

Cada Estado miembro debe garantizar que se establecen programas de control para comprobar si las aguas destinadas al consumo humano cumplen los requisitos de la presente Directiva. Los suministradores de agua van a ser los responsables de llevar a cabo la mayor parte de las actividades de control previstas en el marco de la presente Directiva. Se ha de conceder una cierta flexibilidad a los suministradores de agua en cuanto a los parámetros sometidos a control a efectos de la evaluación y gestión de riesgos del sistema de suministro. En caso de no detectar un parámetro, los suministradores de agua deben tener la posibilidad de reducir la frecuencia de los controles de ese parámetro o, directamente, dejar de someterlo a control. Respecto de la mayoría de parámetros deben efectuarse una evaluación y una gestión de riesgos del sistema de suministro. No obstante, es conveniente que los parámetros básicos siempre sean controlados con una frecuencia mínima específica. La presente Directiva establece principalmente disposiciones sobre la frecuencia de los controles a efectos de la garantía del cumplimiento, y solo prevé un número limitado de disposiciones sobre controles con fines operativos. A fin de garantizar el correcto funcionamiento del tratamiento del agua, es posible que se requiera realizar controles adicionales con fines operativos. Esos controles adicionales deben efectuarse a discreción de los suministradores de agua. En este sentido, los suministradores de agua pueden remitirse a las guías de la OMS y al Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua.

(30)

El método basado en factores de riesgo debe ser aplicado por todos los suministradores de agua, incluidos los pequeños, pues la evaluación de la Directiva 98/83/CE puso de relieve que había deficiencias en la aplicación de dicho método por parte de esos suministradores, en algunos casos debido al coste que implica llevar a cabo actividades innecesarias de control. A la hora de aplicar el método basado en factores de riesgo deben tenerse en cuenta los problemas de seguridad.

(31)

En caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros deben investigar inmediatamente la causa y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad del agua suministrada. Cuando el suministro de agua pueda suponer un peligro para la salud humana, ha de prohibirse el suministro de esa agua o restringirse su utilización. Además, en caso de que no se cumplan los requisitos mínimos de valores relativos a parámetros microbiológicos y químicos, los Estados miembros deben considerar el incumplimiento como un riesgo potencial para la salud humana, excepto cuando se considere insignificante. Cuando resulte necesario adoptar medidas correctivas para restablecer la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, de conformidad con el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), debe darse prioridad a las medidas encaminadas a rectificar el problema en la fuente.

(32)

Los Estados miembros deben estar autorizados, en determinadas condiciones y en circunstancias debidamente justificadas, a seguir concediendo excepciones respecto de lo dispuesto en la presente Directiva y, en este sentido, es necesario establecer un marco adecuado para la concesión de tales excepciones, siempre y cuando estas no constituyan un peligro para la salud humana y el suministro de aguas destinadas al consumo humano en la zona en cuestión no pueda mantenerse por ningún otro medio razonable. Dichas excepciones deben limitarse a casos concretos. Las excepciones concedidas por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en la fecha límite de transposición de la presente Directiva deben seguir siendo aplicables hasta el final de la excepción y renovarse con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva únicamente si aún no se ha concedido una segunda excepción.

(33)

En su Comunicación de 19 de marzo de 2014 relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!», la Comisión invitó a los Estados miembros a que garantizaran el acceso a un suministro de agua mínimo para todos los ciudadanos, de conformidad con las recomendaciones de la OMS. Asimismo, se comprometió a seguir «mejorando el acceso al agua potable segura […] de toda la población a través de las políticas medioambientales». Este compromiso está en consonancia con el ODS n.o 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos». A fin de abordar los aspectos de acceso al agua relativos a la calidad y la disponibilidad y en el marco de la respuesta a la Iniciativa «Right2Water», y con miras a contribuir a la aplicación del principio n.o 20 del pilar europeo de derechos sociales, según el cual «toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua», los Estados miembros deben afrontar la cuestión del acceso al agua a nivel nacional, para lo que disponen de un margen de discreción con respecto al tipo exacto de medidas que se vayan a aplicar. Esto debe llevarse a cabo a través de acciones destinadas a mejorar el acceso de todos al agua destinada al consumo humano, en particular, instalando equipos de exterior y de interior en espacios públicos, cuando sea técnicamente posible, así como mediante acciones destinadas a promover el uso del agua del grifo, por ejemplo, fomentando el suministro gratuito de agua destinada al consumo humano en las administraciones y edificios públicos o, gratuitamente o por una tasa de servicio reducida, para los clientes de restaurantes, comedores y servicios de suministro de comidas.

(34)

La Unión y los Estados miembros se han comprometido, dentro de los límites de sus competencias respectivas, a alcanzar los ODS, y reconocen al mismo tiempo que la responsabilidad principal en la actuación consecutiva y la revisión a escala nacional, regional y mundial de los avances para lograr dichos objetivos recae en los Estados miembros. Algunos de los ODS y el derecho al agua no forman parte ni de la política medioambiental de la Unión ni de su política social, cuya naturaleza es limitada y complementaria. Aun teniendo en cuenta los límites de las competencias de la Unión, conviene velar por que el compromiso constante de los Estados miembros con el derecho al agua sea conforme con lo dispuesto en la presente Directiva, al tiempo que se respeta el principio de subsidiariedad. En este sentido, en la actualidad los Estados miembros están esforzándose considerablemente por mejorar el acceso al agua destinada al consumo humano. Asimismo, el Protocolo sobre el agua y la salud al Convenio de 1992 sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y la Oficina Regional para Europa de la OMS, del que también son Partes muchos Estados miembros, tiene por objeto proteger la salud humana mejorando la gestión del agua y reduciendo las enfermedades relacionadas con el agua. Los Estados miembros podrían servirse de los documentos de orientación elaborados en el ámbito de competencia de dicho Protocolo para evaluar el contexto de actuación y la situación de partida en relación con el acceso al agua y definir las medidas necesarias para mejorar el acceso equitativo para todos al agua destinada al consumo humano.

(35)

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water (17), pidió que los Estados miembros prestaran especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad. La situación específica de culturas minoritarias, como las de los gitanos e itinerantes, independientemente de si son sedentarios o no, y en concreto su falta de acceso al agua destinada al consumo humano, también se reconoció en la Comunicación de la Comisión de 2 de abril de 2014, «Informe sobre el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos», y en la Recomendación del Consejo de 9 de diciembre de 2013 relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros. En vista de este contexto general, conviene que los Estados miembros presten especial atención a los colectivos vulnerables y marginados adoptando las medidas necesarias para mejorar el acceso al agua destinada al consumo humano de estos grupos. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a definir los grupos, sería importante que estos grupos incluyan a los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los gitanos e itinerantes, sean sedentarios o no. Dichas medidas para mejorar el acceso, que se dejan a la apreciación de los Estados miembros, podrían incluir, por ejemplo, la oferta de sistemas de suministro alternativos, por ejemplo, dispositivos de tratamiento individuales, el suministro de agua mediante depósitos, como, por ejemplo, camiones y cisternas, y la instalación de las infraestructuras necesarias para los campamentos.

(36)

A fin de concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del consumo de agua, se les debe proporcionar información fácilmente accesible (por ejemplo, en las facturas o a través de aplicaciones inteligentes) sobre el volumen anual consumido, la evolución del consumo, una comparación con el consumo medio de los hogares cuando dicha información esté a disposición del suministrador de agua, así como sobre el precio por litro del agua destinada al consumo humano, de manera que se pueda establecer una comparación con el precio del agua embotellada.

(37)

El 7.° Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (18), exige que el público tenga acceso a información clara sobre el medio ambiente a nivel nacional. La Directiva 98/83/CE únicamente preveía un acceso pasivo a la información, es decir, los Estados miembros tan solo tenían que garantizar la disponibilidad de la información. Por consiguiente, conviene sustituir dichas disposiciones para garantizar que los consumidores tengan acceso a información actualizada en línea, de manera fácil y personalizada. Los consumidores también deben poder solicitar el acceso a esta información por otros medios, previa solicitud justificada.

(38)

La información actualizada que debe facilitarse en virtud de la presente Directiva debe incluir los resultados de los programas de control, información sobre los tipos de tratamiento y de desinfección del agua utilizados, los datos relativos a la superación de los valores paramétricos relevantes para la salud humana, la información pertinente sobre la evaluación y gestión de riesgos del sistema de suministro, asesoramiento sobre la forma de reducir el consumo de agua y evitar riesgos para la salud derivados del agua estancada, también información adicional que pueda ser útil para el público, por ejemplo, sobre los indicadores, tales como hierro, dureza y minerales, que suelen influir en la percepción que tienen los consumidores del agua del grifo. Asimismo, en respuesta al interés de los consumidores sobre cuestiones relacionadas con el agua, se les debe proporcionar acceso, previa solicitud, a los datos históricos de que se disponga sobre resultados de los controles y superación de valores.

(39)

En relación con los suministradores de agua que suministren al menos 10 000 m3 al día o que abastezcan al menos a 50 000 personas, también debe estar disponible en línea para los consumidores información adicional sobre la eficiencia del rendimiento, los índices de fugas, la estructura de propiedad y la estructura de tarifas, entre otros elementos.

(40)

La finalidad de un mejor conocimiento de la información pertinente por parte de los consumidores y de una mayor transparencia debe ser la de aumentar la confianza de los ciudadanos en el agua que se les suministra y en los servicios relacionados con el agua, y debe conducir a un incremento del uso del agua del grifo como agua para beber, lo que podría contribuir a la reducción del uso de plásticos, de los residuos y de las emisiones de gases de efecto invernadero, y tener una repercusión positiva en la mitigación del cambio climático y en el medio ambiente en su conjunto.

(41)

Con la mejora de las técnicas de control, los índices de fuga son cada vez más evidentes. A fin de mejorar la eficiencia de las infraestructuras hídricas, también para evitar la sobreexplotación de los escasos recursos hídricos destinados al consumo humano, los niveles de fuga de agua deben ser evaluados por todos los Estados miembros y reducirse en caso de que superen un determinado umbral.

(42)

La Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental en los Estados miembros, en consonancia con el Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (20) (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»). El Convenio de Aarhus engloba una serie de obligaciones generales relativas tanto a la comunicación de información medioambiental previa petición como a la difusión activa de esta información. También la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (21) tiene un ámbito de aplicación amplio que atañe a la puesta en común de información espacial, incluidos conjuntos de datos sobre distintas cuestiones medioambientales. Es importante que las disposiciones de la presente Directiva relacionadas con el acceso a la información y las modalidades para la puesta en común de datos complementen a las Directivas mencionadas y no generen un régimen legal distinto. Por consiguiente, las disposiciones de la presente Directiva en materia de información para el público e información sobre el control de la aplicación deben entenderse sin perjuicio de la Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE.

(43)

La Directiva 98/83/CE no establecía obligaciones de presentación de informes para los pequeños suministradores de agua. A fin de corregir esta situación y hacer frente a la necesidad de información sobre la aplicación y el cumplimiento, se debe introducir en la presente Directiva un nuevo sistema por el que se exija a los Estados miembros establecer, mantener actualizados y poner a disposición de la Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente (en lo sucesivo, «AEMA») conjuntos de datos que contengan únicamente datos pertinentes, como las superaciones de un valor paramétrico o los incidentes de determinada magnitud. Con ello se debería garantizar que la carga administrativa para todas las entidades se mantenga lo más reducida posible. A fin de garantizar que se dispone de la infraestructura adecuada para el acceso público, la presentación de informes y el intercambio de datos entre las autoridades públicas, los Estados miembros deberían fundamentar las especificaciones de datos en la Directiva 2007/2/CE y sus actos de ejecución.

(44)

Los datos comunicados por los Estados miembros no solo son necesarios a efectos de la comprobación del cumplimiento, sino que también son fundamentales para que la Comisión pueda hacer un seguimiento y una evaluación de la presente Directiva en relación con los objetivos que se persiguen, como base para cualquier posible evaluación futura de la presente Directiva de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22). En este sentido, se necesitan datos pertinentes que permitan realizar una mejor evaluación de la eficiencia, la eficacia, la pertinencia y el valor añadido de la Unión de la presente Directiva, de ahí la necesidad de garantizar que existan mecanismos adecuados de presentación de informes que puedan emplearse, a su vez, como indicadores en futuras evaluaciones de la presente Directiva.

(45)

De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, la Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva en un plazo de tiempo determinado a partir de la fecha fijada para su transposición. La evaluación ha de basarse en la experiencia adquirida y los datos recabados durante la aplicación de la presente Directiva, en toda recomendación de la OMS disponible y en datos científicos, analíticos y epidemiológicos pertinentes.

(46)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva aspira a promover los principios relacionados con la atención sanitaria, el acceso a los servicios de interés económico general y la protección del consumidor.

(47)

La eficacia de la presente Directiva y su objetivo de protección de la salud humana en el contexto de la política medioambiental de la Unión exigen que las personas físicas y jurídicas o, en su caso, sus organizaciones debidamente constituidas, puedan invocarla en procesos judiciales y que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan tomar en consideración la presente Directiva como un elemento del Derecho de la Unión con el fin, entre otros aspectos, de revisar, cuando proceda, las decisiones de una autoridad nacional. Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros garantizar la tutela judicial de los derechos conferidos a una persona por el Derecho de la Unión. Por otra parte, el artículo 19, apartado 1, del TUE obliga a los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

Ello es especialmente pertinente en el caso de una directiva que tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano. Por otra parte, de conformidad con el Convenio de Aarhus, se ha de velar por que los miembros del público interesado tengan acceso a la justicia a fin de contribuir a la protección del derecho a vivir en un entorno que sea adecuado para la salud y el bienestar personales. Mediante la Decisión (UE) 2018/881 del Consejo (23), se pidió a la Comisión que llevara a cabo un estudio antes del 30 de septiembre de 2019 y, si procedía a la luz del estudio, presentara antes del 30 de septiembre de 2020 una propuesta de modificación del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), con el fin de dar respuesta a las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en el asunto ACCC/C/2008/32. La Comisión presentó el estudio en dicho plazo y declaró en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo, que «considerará la posibilidad de revisar el Reglamento Aarhus para mejorar el acceso a los mecanismos de recurso administrativo y judicial al nivel de la UE por parte de los ciudadanos y las ONG que tengan dudas sobre la legalidad de las decisiones que afecten al medio ambiente». Es importante que la Comisión también tome medidas para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos y las ONG ante los órganos jurisdiccionales nacionales de todos los Estados miembros.

(48)

A fin de adaptar la presente Directiva al progreso científico y técnico, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a establecer un umbral para las fugas, determinar el procedimiento de evaluación de la conformidad para los productos que entren en contacto con aguas destinadas al consumo humano, establecer un procedimiento para las solicitudes destinadas a la ECHA para añadir o retirar sustancias de partida, composiciones o componentes de las listas positivas europeas, establecer un marcado para los productos que entren en contacto con agua, adoptar una metodología para medir microplásticos, modificar el anexo III y modificar el valor paramétrico del bisfenol A en el anexo I, parte B. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Por otra parte, la delegación de poderes recogida en el anexo I, parte C, nota 10, de la Directiva 98/83/CE para fijar la frecuencia de control y los métodos de control de las sustancias radiactivas ha quedado obsoleta por la adopción de la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo (25) y, por tanto, debe suprimirse. La delegación de poderes recogida en el anexo III, parte A, párrafo segundo, de la Directiva 98/83/CE con respecto a la modificación de la Directiva ya no es necesaria y, por tanto, debe suprimirse.

(49)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar metodologías para ensayar y aceptar sustancias de partida, composiciones y compuestos, para adoptar listas positivas europeas de sustancias de partida, composiciones y compuestos, y de procedimientos y métodos para ensayar y aceptar materiales finales fabricados con dichas sustancias de partida, composiciones y compuestos. También deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar el formato y modalidades de presentación de la información que deben facilitar los Estados miembros y que la AEMA ha de recabar en relación con la aplicación de la presente Directiva, así como para crear una lista de observación y mantenerla al día. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (26).

(50)

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (27), los Estados miembros han de establecer normas sobre las sanciones aplicables en caso de infringirse las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que efectivamente se aplican. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(51)

Con el fin de que los suministradores de agua tengan a su disposición un conjunto completo de datos cuando comiencen a efectuar la evaluación y la gestión de riesgos del sistema de suministro, debe fijarse un plazo de tres años para los nuevos parámetros. Ello permitirá a los Estados miembros llevar a cabo la detección de peligros y eventos peligrosos durante esos tres primeros años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva y les permitirá proporcionar a los suministradores de agua datos sobre los nuevos parámetros, evitando así todo control innecesario por parte de los suministradores de agua, si se concluye que no es necesario controlar de nuevo un parámetro tras la primera detección de los peligros y los eventos peligrosos. Durante esos primeros tres años, los suministradores de agua deben efectuar, no obstante, la evaluación de riesgos del sistema de suministro o utilizar las evaluaciones del riesgo ya efectuadas en virtud de la Directiva (UE) 2015/1787, respecto de aquellos parámetros que formaban parte del anexo I de la Directiva 98/83/CE, dado que los datos respecto de esos parámetros ya estarán disponibles cuando la presente Directiva entre en vigor.

(52)

La Directiva 2013/51/Euratom establece disposiciones específicas para el control de las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. En consecuencia, la presente Directiva no debe fijar valores paramétricos en relación con la radiactividad.

(53)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, proteger la salud humana y mejorar el acceso al agua destinada al consumo humano, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(54)

La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con respecto a las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones no modificadas se deriva de las Directivas anteriores.

(55)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indican en el anexo VI, parte B.