8. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 20 y de conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros comunicarán los datos sobre la salud del suelo a que se refieren los artículos 6 a 9 y los resultados de las evaluaciones de la salud del suelo realizadas de acuerdo con el presente artículo, a los correspondientes propietarios y administradores de tierras que los soliciten, en particular para apoyar el desarrollo del asesoramiento con base científica a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra a).