Preamble: 1

(1)

De conformidad con el artículo 174, apartado 2, del Tratado, la política comunitaria de medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado.

(2)

La Comunidad considera preocupante el aumento de los delitos medioambientales y sus efectos, que se extienden cada vez más fuera de las fronteras de los Estados en los que esos delitos se cometen. Tales delitos suponen una amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, requieren una respuesta apropiada.

(3)

La experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones existentes no son suficientes para lograr el total cumplimiento de la legislación para la protección del medio ambiente. Este cumplimiento puede y debe reforzarse mediante la aplicación de sanciones penales que pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas o un mecanismo de compensación conforme al Derecho civil.

(4)

Las normas comunes sobre delitos permiten utilizar métodos de investigación y ayuda eficaces en los Estados miembros y entre ellos.

(5)

Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, es necesario en particular aplicar sanciones más disuasorias a las actividades perjudiciales para el medio ambiente, es decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de las especies.

(6)

El incumplimiento de la obligación legal de actuar puede tener el mismo efecto que un comportamiento activo y, en consecuencia, debe estar sujeto también a las sanciones correspondientes.

(7)

Por lo tanto, este tipo de conductas debe ser considerado delito en la Comunidad cuando se cometa dolosamente o por imprudencia grave.

(8)

La legislación indicada en los anexos de la presente Directiva contiene disposiciones que deben estar sujetas a medidas de Derecho penal para garantizar la plena efectividad de las normas sobre protección medioambiental.

(9)

Las obligaciones impuestas por la presente Directiva se refieren únicamente a las disposiciones de la legislación indicada en los anexos de la presente Directiva que obligan a los Estados miembros a prever medidas de prohibición al aplicar dicha legislación.

(10)

La presente Directiva obliga a los Estados miembros a prever sanciones penales en su legislación nacional por las infracciones graves de las disposiciones del Derecho comunitario sobre protección del medio ambiente. La presente Directiva no crea obligaciones respecto de la aplicación de dichas sanciones o cualesquiera otros sistemas disponibles para hacer cumplir la legislación, en casos individuales.

(11)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de otros regímenes de responsabilidad por daños medioambientales de conformidad con el Derecho comunitario o interno.

(12)

Puesto que la presente Directiva ofrece unas normas mínimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener medidas más estrictas cuya finalidad sea la protección eficaz del medio ambiente mediante el Derecho penal. Tales medidas deben ser compatibles con el Tratado.

(13)

Para que la Comisión pueda evaluar el efecto de la presente Directiva, los Estados miembros deben proporcionarle información sobre su aplicación.

(14)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, proteger con más eficacia el medio ambiente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(15)

En las nuevas disposiciones legislativas que se adopten en materia de medio ambiente debe señalarse que, donde proceda, será de aplicación la presente Directiva. En caso necesario, debe modificarse el artículo 3.

(16)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.