Preamble: 1

(1)

La Comunidad es Parte contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Estos instrumentos internacionales establecen la obligación que tienen los Estados de cooperar en la conservación de los recursos vivos de alta mar y disponen que los Estados deberán cooperar directamente o por conducto de las organizaciones o mecanismos subregionales o regionales de ordenación pesquera competentes.

(2)

La ausencia de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera no exime a los Estados de la obligación que tienen, en virtud del Derecho del Mar, de adoptar con respecto a sus nacionales las medidas que puedan resultar necesarias para la conservación de los recursos vivos de alta mar, lo que incluye la protección de los ecosistemas marinos vulnerables frente a los efectos dañinos de las actividades pesqueras.

(3)

El artículo 2 del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (2) establece que la política pesquera común debe aplicar el criterio de precaución al adoptar medidas destinadas a reducir al mínimo los efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos. El artículo 7 de este mismo Reglamento dispone que, si existen pruebas de una amenaza grave para la conservación de los recursos acuáticos vivos o para el ecosistema marino debida a las actividades pesqueras y que requiera una actuación inmediata, la Comisión, previa petición justificada de un Estado miembro o por propia iniciativa, puede decidir la adopción de medidas de urgencia.

(4)

La Comunidad es una firme defensora de la conservación de ecosistemas marinos tales como los arrecifes, los montes marinos, los corales de aguas profundas, las fuentes hidrotermales y los campos de esponjas. Se dispone de abundante información científica que muestra que la integridad de estos ecosistemas se encuentra amenazada por las actividades pesqueras con artes de fondo. La Comunidad ya ha adoptado medidas para cerrar a la pesca de fondo aquellas áreas situadas dentro de las aguas comunitarias donde se localizan tales ecosistemas, y ha desempeñado asimismo una decisiva actuación en la adopción de medidas similares en alta mar en las zonas de competencia de todas las organizaciones regionales de ordenación pesquera existentes que están facultadas para regular las pesquerías de fondo. También ha contribuido activamente a la creación de nuevas organizaciones o mecanismos con el fin de establecer una cobertura global de los océanos del planeta mediante regímenes regionales de conservación y ordenación de la pesca apropiados. No obstante, en algunas zonas de alta mar la creación de estas organizaciones se enfrenta a dificultades importantes.

(5)

En virtud de la Resolución 61/105 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 8 de diciembre de 2006, la comunidad internacional ha convenido en la urgencia de instaurar medidas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables de los efectos destructores de las actividades de pesca de fondo, a través de una reglamentación estricta de tales actividades por parte de organizaciones o mecanismos regionales de ordenación pesquera o por los Estados con respecto a los buques de su pabellón que faenen en zonas donde no existan tales organizaciones o mecanismos.

La Asamblea General ha facilitado orientaciones sobre el tipo de medidas que deben adoptarse al efecto. Los trabajos realizados en la FAO para elaborar directrices internacionales sobre la gestión de dichas actividades pesqueras en el marco del Código de conducta para una pesca responsable también son muy importantes en la concepción y adopción de dichas medidas, así como para su aplicación por los Estados miembros.

(6)

La Comunidad cuenta con una flota de considerable importancia que realiza actividades de pesca de fondo en zonas que no están reguladas por una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera competente para regular dichas actividades pesqueras y donde no es previsible que a corto plazo pueda establecerse una organización o mecanismo de ese tipo. Sin perjuicio de que prosigan los esfuerzos para colmar las lagunas espaciales que todavía tiene el sistema de gobernanza internacional en materia de pesca, la Comunidad debe cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho del Mar en relación con la conservación de los recursos vivos marinos en esas zonas y, por consiguiente, debe adoptar las medidas pertinentes con respecto a las flotas en cuestión. En relación con ello, la Comunidad debe atenerse a las orientaciones facilitadas por la Asamblea General en la Resolución 61/105.

(7)

Un elemento fundamental de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General es la adopción de medidas para evaluar, basándose en la información científica más exacta de que se disponga, si cada una de las actividades pesqueras en los fondos marinos puede tener efectos adversos considerables en los ecosistemas marinos vulnerables y, de ser así, asegurar que o bien se ordena para impedir dichos efectos o no se autoriza.

(8)

La aplicación de esta recomendación requiere que los buques pesqueros afectados reciban autorización para faenar en virtud de un permiso de pesca especial expedido de conformidad con el Reglamento (CE) no 1627/94, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen disposiciones generales para los permisos de pesca especiales (3) y con el Reglamento (CE) no 2943/95 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1627/94 del Consejo (4). Además, la expedición y validez de dichos permisos deben estar supeditadas a condiciones específicas que garanticen que el efecto de las actividades pesqueras autorizadas ha sido adecuadamente evaluado y que tales actividades se desarrollan con arreglo a la evaluación realizada.

(9)

La aplicación de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General también requiere el establecimiento de las correspondientes medidas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales se expiden los permisos. Ello incluye la presencia a bordo de observadores, así como medidas específicas relativas al funcionamiento de los sistemas de localización de buques vía satélite, que serán aplicables en caso de avería técnica o de falta de funcionamiento del sistema, además de las estipuladas en el Reglamento (CE) no 2244/2003 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los sistemas de localización de buques vía satélite (5).

(10)

La identificación de los ecosistemas marinos vulnerables en zonas que no están reguladas por una organización regional de ordenación pesquera es una tarea que se encuentra en curso de realización y para la cual la información científica disponible es relativamente escasa. Es por ello imperativo prohibir la utilización de artes de fondo en zonas en las que los riesgos de los efectos adversos significativos que tales actividades pesqueras puedan producir en los ecosistemas marinos vulnerables no han sido objeto de una evaluación científica adecuada.

(11)

El incumplimiento de condiciones específicas como las relativas a las zonas no evaluadas, el funcionamiento del sistema de localización de buques y el desplazamiento de las actividades pesqueras a otro lugar si se ha encontrado fortuitamente un ecosistema marino vulnerable puede dar lugar a que se produzcan daños irreparables a esos ecosistemas y, por lo tanto, debe ser incluido en la lista de infracciones graves que se establece en el Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo, de 24 de junio de 1999, por el que se establece una lista de tipos de conductas que infringen gravemente las normas de la política pesquera común (6).

(12)

La protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales se rige por el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (7), que es plenamente aplicable al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento, en especial en lo referente al derecho de acceso, rectificación, bloqueo y supresión de los datos por los interesados y al de notificación a terceros, elementos que, por lo tanto, no se han pormenorizado en el presente Reglamento.