ANEXO III

establecimiento de las disposiciones organizativas que permitan que las funciones asignadas a la autoridad competente en la presente Directiva se realicen de manera efectiva, incluidas disposiciones para regular la seguridad y de la protección del medio ambiente de forma equitativa;

elaboración de una declaración de la línea de actuación en la que se describan los objetivos en materia de vigilancia y de ejecución y la obligación para la autoridad competente de garantizar la transparencia, la coherencia, la proporcionalidad y la objetividad de las medidas adoptadas para regular las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

financiar conocimiento experto especializado suficiente y disponibles internamente o mediante un acuerdo formal con terceros, o por ambas vías, a fin de que la autoridad competente pueda controlar y llevar a cabo las operaciones, adoptar medidas de ejecución y tratar los informes sobre los riesgos graves y las notificaciones;

cuando se recurra a competencias externas, financiar la preparación de orientaciones escritas y un control suficientes para garantizar la coherencia del enfoque adoptado y para asegurar que la autoridad competente legalmente designada mantiene la plena responsabilidad en virtud de la presente Directiva;

financiar la formación básica, la comunicación, el acceso a las tecnologías, y los desplazamientos y estancias del personal de la autoridad competente necesarios para el ejercicio de sus funciones, y facilitar la cooperación activa entre las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 27;

en caso necesario, exigir a los operadores o propietarios que reembolsen a la autoridad competente los gastos relativos a las funciones que esta ejerce en virtud de la presente Directiva;

financiar y promover investigaciones en virtud de las funciones de la autoridad competente contempladas en la presente Directiva;

proporcionar financiación para que la autoridad competente elabore informes.

una exposición escrita de su estrategia, que describa sus funciones, su organización, sus prioridades de actuación (por ejemplo, en términos de diseño y funcionamiento de las instalaciones, de gestión de la integridad, o de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia);

los procedimientos operativos que describan cómo tiene previsto inspeccionar y hacer ejecutar las tareas de los operadores y los propietarios contempladas en la presente Directiva y, en particular, la manera en que tratará, evaluará y aceptará los informes sobre los riesgos graves, tratará las notificaciones de operaciones en los pozos y determinará los intervalos entre las inspecciones de las medidas de control de los riesgos de accidentes graves, en particular para el medio ambiente, en relación con una instalación o actividad dadas;

los procedimientos para el ejercicio de sus funciones sin perjuicio de otras responsabilidades, por ejemplo, las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en tierra, y las disposiciones adoptadas de conformidad con la Directiva 92/91/CEE;

cuando la autoridad competente esté compuesta por más de un organismo público, un acuerdo formal que establezca los mecanismos necesarios para una gestión conjunta de la autoridad competente, que incluya las medidas adoptadas en materia de vigilancia, y de seguimiento y de revisión a nivel de los responsables máximos de la gestión, la planificación y la inspección conjunta, el reparto de responsabilidades para la gestión de los informes sobre riesgos de accidente grave, la investigación conjunta, las comunicaciones internas y los informes conjuntos que se hayan de publicar externamente.

que se han determinado todos los riesgos previsibles que sean susceptibles de provocar un accidente grave, también respecto del medio ambiente, se han evaluado sus riesgos y se han determinado las medidas incluidas las respuestas de emergencia para controlar los riesgos;

que el sistema de gestión de la seguridad y el medio ambiente se ha descrito adecuadamente para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva;

que se han descrito las disposiciones necesarias para la verificación independiente y para la auditoría por parte del operador o propietario.

se ha proporcionado toda la información factual necesaria;

el operador o el propietario ha determinado todos los riesgos de accidente grave razonablemente previsibles que pueden afectar a las instalaciones y sus funciones, incluidos los posibles sucesos desencadenantes, y que la metodología y los criterios de evaluación adoptados para la evaluación de los riesgos de accidente grave están claramente explicados, incluidos los factores de incertidumbre en los análisis;

las evaluaciones de los riesgos han tenido en cuenta todas las fases pertinentes del ciclo de vida de la instalación y han anticipado todas las situaciones previsibles, en particular:

la manera en que se aplicarán las medidas de reducción de riesgos determinados en el marco de la evaluación de riesgos, si procede, para reducir los riesgos a un grado aceptable;

si, al determinar las medidas necesarias para alcanzar niveles aceptables de riesgo, el operador ha demostrado claramente el modo en que se han tenido en cuenta las buenas prácticas y apreciaciones pertinentes basadas en técnicas de ingeniería sólidas, las prácticas de buena gestión, así como los principios relativos a los factores humanos y de organización;

si se han determinado y justificado claramente las medidas y las disposiciones que permiten la detección de una situación de emergencia y una respuesta rápida y eficaz a la misma;

la manera en que las medidas y las disposiciones de escape, evacuación y salvamento que permitan limitar el agravamiento del incidente y reducir su impacto sobre el medio ambiente están integradas de forma lógica y sistemática, teniendo en cuenta las condiciones de urgencia probables en las que tendrán que aplicarse;

la manera en que se incorporan los requisitos a los planes internos de respuesta de emergencia y si se ha presentado a la autoridad competente una copia o una descripción adecuada de los planes internos de respuesta de emergencia;

si el sistema de gestión de la seguridad y el medio ambiente descrito en el informe sobre los riesgos graves es adecuado para asegurar el control de los riesgos de accidente grave en cada fase del ciclo de vida de la instalación, si asegura el cumplimiento de todas las disposiciones legales pertinentes, y si contempla la auditoría y la aplicación de las recomendaciones de la auditoría;

si el programa de verificación independiente está claramente explicado.