Los Estados miembros velarán, según corresponda, por que las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible las opiniones de los usuarios finales, en particular los consumidores, y de los usuarios finales con discapacidades, los fabricantes y las empresas proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sobre las cuestiones relacionadas con todos los derechos de los usuarios finales y los consumidores, incluidos el acceso equivalente y la posibilidad de elección para los usuarios finales con discapacidades, en materia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, especialmente cuando tengan un impacto significativo en el mercado.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación establezcan un mecanismo de consulta, accesible para los usuarios finales con discapacidades, que garantice que, en sus decisiones sobre asuntos relacionados con los derechos de los usuarios finales y de los consumidores en relación con los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se tengan debidamente en cuenta los intereses de los consumidores de comunicaciones electrónicas.