TITLE IV PROVISIONS COMMON TO REORGANISATION MEASURES AND WINDING-UP PROCEEDINGS

Artículo 20

Efectos sobre determinados contratos y derechos

Los efectos de una medida de saneamiento o de la incoación de un procedimiento de liquidación sobre

Artículo 21

Derechos reales de terceros

1.  La adopción de medidas de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación no afectará a los derechos reales de los acreedores o de terceros sobre los bienes, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles —tanto bienes determinados como conjuntos de bienes indeterminados cuya composición está sujeta a modificación— pertenecientes a la entidad de crédito y que estén situados dentro del territorio de otro Estado miembro en el momento de la adopción de dichas medidas o la incoación de dicho procedimiento.

2.  Los derechos contemplados en el apartado 1 son, en particular:

3.  Se asimilará a un derecho real el derecho, inscrito en un registro público y oponible frente a terceros, que permita obtener un derecho real en el sentido del apartado 1.

4.  Lo dispuesto en el apartado 1 no impide el ejercicio de las acciones de nulidad, anulación o inoponibilidad mencionadas en la letra l) del apartado 2 del artículo 10.

Artículo 22

Reserva de dominio

1.  La adopción de medidas de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación respecto de una entidad de crédito que adquiera un bien no afectará a los derechos del vendedor basados en una reserva de dominio cuando en el momento de adoptar dichas medidas o de incoar dichos procedimientos el bien se encuentre dentro del territorio de un Estado miembro diferente del Estado en el que se han adoptado dichas medidas o incoado dicho procedimiento.

2.  La adopción de medidas de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación respecto de una entidad de crédito que venda un bien después de la entrega del mismo no constituirá una causa de resolución o de rescisión de la venta y no impedirá al comprador la adquisición de la propiedad del bien vendido cuando en el momento de la adopción de dichas medidas o de la incoación de dicho procedimiento dicho bien se encuentre dentro del territorio de un Estado miembro diferente del Estado en el que se han adoptado las medidas o incoado el procedimiento.

3.  Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impide el ejercicio de las acciones de nulidad, anulación o inoponibilidad mencionadas en la letra l) del apartado 2 del artículo 10.

Artículo 23

Compensación

1.  La adopción de medidas de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación no afectará al derecho de un acreedor a reclamar la compensación de su crédito con el crédito de la entidad de crédito cuando la ley aplicable al crédito de la entidad de crédito permita dicha compensación.

2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no impide el ejercicio de las acciones de nulidad, anulación o inoponibilidad mencionadas en la letra l) del apartado 2 del artículo 10.

Artículo 24

Lex rei sitae

El ejercicio de los derechos de propiedad o de otros derechos sobre instrumentos cuya existencia o transferencia suponga una inscripción en un registro, en una cuenta o en un sistema de depósito centralizado poseídos o situados en un Estado miembro se regirá por la legislación del Estado miembro en el que se posee o se sitúa el registro, la cuenta o el sistema de depósito centralizado en el que estén inscritos dichos derechos.

▼M1

Artículo 25

Acuerdos de compensación

No obstante lo dispuesto en los artículos 68 y 71 de la Directiva 2014/59/UE, los acuerdos de compensación se regirán exclusivamente por la ley aplicable al contrato que rige dichos acuerdos.

Artículo 26

Acuerdos de recompra

No obstante lo dispuesto en los artículos 68 y 71 de la Directiva 2014/59/UE y en el artículo 24 de la presente Directiva, los acuerdos de recompra se regirán exclusivamente por la ley aplicable al contrato que rige dichos acuerdos.

▼B

Artículo 27

Mercados regulados

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, las transacciones realizadas en el contexto de un mercado regulado se regirán exclusivamente por la ley aplicable al contrato que rige dichas transacciones.

Artículo 28

Prueba del nombramiento de los liquidadores

1.  El nombramiento de un administrador o de un liquidador quedará acreditado mediante la presentación de una copia legalizada de la decisión de nombramiento o por cualquier otro certificado expedido por la autoridad administrativa o judicial del Estado miembro de origen.

Podrá exigirse su traducción a la lengua o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en cuyo territorio quiera actuar el administrador o liquidador. No se exigirá ninguna legalización ni cualquier otra formalidad análoga.

2.  Los administradores y los liquidadores estarán facultados para ejercer en el territorio de todos los Estados miembros todos los poderes que puedan ejercer en el territorio del Estado miembro de origen. Asimismo, podrán designar a personas para que les asistan o, en su caso, les representen en el transcurso de la medida de saneamiento o de la liquidación, sobre todo en los Estados miembros de acogida y, en particular, para facilitar la solución de las dificultades que pudieran encontrar los acreedores del Estado miembro de acogida.

3.  El administrador o liquidador deberá respetar, en el ejercicio de sus poderes, la legislación de los Estados miembros en cuyo territorio quiera actuar, en particular en lo relativo a las modalidades de realización de bienes y en lo relativo a la información de los trabajadores asalariados. Dichos poderes no podrán incluir el uso de la fuerza ni la facultad de pronunciarse sobre un litigio o una controversia.

Artículo 29

Inscripción en un registro público

1.  El administrador, el liquidador o cualquier autoridad administrativa o judicial del Estado miembro de origen podrá pedir que se inscriba una medida de saneamiento o la decisión por la que se incoe un procedimiento de liquidación en el Registro de la Propiedad, en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro público que se lleve en los demás Estados miembros.

No obstante, todo Estado miembro podrá estipular la inscripción de oficio. En tal caso, la persona o autoridad mencionadas en el párrafo primero deberá adoptar las medidas necesarias para efectuar tal inscripción.

2.  Los gastos de inscripción se considerarán gastos y costas del procedimiento.

Artículo 30

Actos perjudiciales

1.  El artículo 10 no será de aplicación en lo que se refiere a las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores cuando el beneficiario de dichos actos pruebe que:

2.  Cuando una medida de saneamiento acordada por una autoridad judicial disponga normas relativas a la nulidad, la anulación o la inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores realizados con anterioridad a la adopción de la medida, el apartado 2 del artículo 3 no se aplicará a los casos contemplados en el apartado 1.

Artículo 31

Protección de terceros

Cuando, mediante un acto celebrado tras la adopción de una medida de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación, la entidad de crédito disponga a título oneroso,

la validez de dicho acto se regirá por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio esté situado dicho bien inmueble, o bajo cuya autoridad se lleve dicho registro, dicha cuenta o dicho sistema de depósitos.

Artículo 32

Procedimientos en curso

Los efectos de las medidas de saneamiento o de un procedimiento de liquidación con respecto a un procedimiento en curso en relación con un bien o un derecho del que se ha desposeído a la entidad de crédito se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro en el que esté en curso dicho procedimiento.

Artículo 33

Secreto profesional

Toda persona que deba recibir o facilitar información en el marco de los procedimientos de información o de consulta establecidos en los artículos 4, 5, 8, 9, 11 y 19 estará sujeta al secreto profesional, según las normas y condiciones establecidas en el artículo 30 de la Directiva 2000/12/CE, con excepción de las autoridades judiciales a las que se aplican las disposiciones nacionales vigentes.