Cuando un Estado miembro considere que se impone la presentación de una notificación para empresas sujetas a una autorización general, únicamente podrá exigir a dichas empresas que la presenten a la autoridad nacional de reglamentación o a otra autoridad competente. El Estado miembro no podrá exigir a dichas empresas la obtención de una decisión explícita u otro acto administrativo de dicha autoridad o de otra autoridad antes de ejercer los derechos derivados de la autorización general.
Tras la notificación, si ha lugar, la empresa podrá iniciar su actividad, en su caso con sujeción a las disposiciones sobre derechos de uso de la presente Directiva.