3. La duración máxima de los contratos de capacidad será de veinte años para infraestructuras completadas antes del 1 de enero de 2028 y de quince años para infraestructuras completadas en dicha fecha o después de ella. Las autoridades reguladoras tendrán el derecho de imponer una duración máxima más breve si es necesario para garantizar el funcionamiento del mercado del hidrógeno, para salvaguardar la competencia y para garantizar la integración transfronteriza futura. Cuando se adopte una decisión sobre la imposición de una duración máxima más breve, las autoridades reguladoras tendrán en cuenta, entre otras cosas, el compromiso por parte de los usuarios de redes de garantizar la financiación de las redes, las consecuencias negativas para la planificación y las posibilidades de refinanciación.