Ámbito de aplicación y destinatarios

Las presentes directrices son aplicables a las autoridades competentes, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 35, letra a), del Reglamento (UE) 2023/1114.

Estas directrices también se aplicarán³ a:

• a. los oferentes, las personas que soliciten la admisión a negociación o los operadores de plataformas de negociación de un criptoactivo que no sea una ficha referenciada a activos (ART, por sus siglas en inglés) o una ficha de dinero electrónico (EMT, por sus siglas en inglés), que estén obligados a notificar el libro blanco de criptoactivos a la autoridad competente, acompañado de una explicación que describa por qué el criptoactivo no debería considerarse excluido del ámbito de aplicación de dicho Reglamento, o clasificado como ART o EMT de conformidad con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento;
• b. las entidades de crédito que tengan la intención de ofrecer al público o solicitar la admisión a negociación de una ficha referenciada a activos, que estén obligadas a proporcionar a la autoridad competente un dictamen jurídico sobre la consideración del criptoactivo de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento (UE) 2023/1114;
• c. las personas jurídicas u otras empresas que no sean entidades de crédito que tengan la intención de ofrecer al público o solicitar la admisión a negociación de una ficha referenciada a activos, que estén obligadas a proporcionar a la autoridad competente un dictamen jurídico sobre la consideración del criptoactivo de conformidad con el artículo 18, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) 2023/1114.

³ La fecha de aplicación del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCAR) se establece en el artículo 149 del MiCAR (entrada en vigor y aplicación), que debe leerse de conformidad con el artículo 143 (medidas transitorias).

Las presentes directrices también se aplicarán a las personas que tengan la intención de prestar o estén prestando servicios de criptoactivos, a la hora de evaluar si las actividades dentro de sus competencias actuales o previstas implican el uso de un criptoactivo que se enmarque en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.