Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

Directiva 2003/72/CE del Consejo

de 22 de julio de 2003

por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Considerando lo siguiente:

(1) Para alcanzar los objetivos que establece el Tratado, el Consejo mediante el Reglamento (CE) n° 1435/2003(4) aprobó el Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE).

(2) Dicho Reglamento está destinado a establecer un marco jurídico uniforme en el que las cooperativas y demás entidades y personas físicas de los distintos Estados miembros puedan planear y llevar a cabo la reestructuración de sus actividades, en forma de cooperativa, a escala comunitaria.

(3) Para fomentar los objetivos sociales de la Comunidad deben fijarse disposiciones especiales, sobre todo en el ámbito de la implicación de los trabajadores, encaminadas a garantizar que la constitución de una SCE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las entidades que participen en la creación de la SCE. Ese objetivo debe perseguirse mediante el establecimiento de una serie de normas aplicables en este ámbito, que completen las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1435/2003.

(4) Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ya que, como se ha indicado, se trata de establecer una normativa sobre la implicación de los trabajadores en la SCE, y que, por razones de escala y del impacto de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad podría adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(5) La gran diversidad de normas y de prácticas existentes en los Estados miembros respecto de la forma en que los representantes de los trabajadores participan en las decisiones de las cooperativas no aconseja que se establezca un modelo europeo único de implicación de los trabajadores aplicable a las SCE.

(6) En todos los casos de constitución de SCE deberán asegurarse los procedimientos de información y consulta a escala transnacional, con la necesaria adaptación de las SCE de nueva constitución cuya dimensión, medida en términos de puestos de trabajo, lo justifique.

(7) Cuando en una o más de las entidades participantes en una SCE existan derechos de participación, dichos derechos deben preservarse, en principio, mediante su transferencia a la SCE, una vez creada ésta, salvo que las partes decidan lo contrario.

(8) Los procedimientos concretos de información y consulta transnacional y, en su caso, de participación de los trabajadores aplicables a cada SCE deberán definirse principalmente mediante un acuerdo entre las partes afectadas o, a falta de éste, mediante la aplicación de una serie de normas subsidiarias.

(9) Los Estados miembros deben poder decidir no aplicar las disposiciones de referencia relativas a la participación en caso de fusión, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales de implicación de los trabajadores. El mantenimiento de los sistemas y las prácticas de participación existentes en su caso a nivel de las entidades participantes debe en dicho caso garantizarse mediante una adaptación de las normas de registro.

(10) Las reglas de voto de la comisión que represente a los trabajadores a efectos de la negociación, sobre todo a la hora de celebrar acuerdos que establezcan un nivel de participación más bajo que el existente en una o varias de las entidades participantes, deben estar en relación con el riesgo de desaparición o de reducción de los sistemas y las prácticas de participación existentes. Ese riesgo es mayor cuando se trata de una SCE constituida mediante transformación o fusión que en el caso de la creación de una nueva SCE.

(11) A falta de un acuerdo en la negociación entre los representantes de los trabajadores y los órganos competentes de las entidades participantes, deben disponerse determinadas disposiciones de referencia aplicables a las SCE desde su constitución. Dichas disposiciones de referencia deberán garantizar la existencia de prácticas eficaces de información y consulta transnacional a los trabajadores, así como la participación de éstos en los órganos correspondientes de la SCE, si dicha participación existía en las entidades participantes antes de la constitución de la SCE.

(12) Cuando no se justifique aplicar los procedimientos mencionados a las entidades que participen en la constitución de una nueva SCE a causa de su reducida dimensión, medida en términos de puestos de trabajo, la SCE deberá estar sometida a las disposiciones nacionales en materia de implicación de los trabajadores vigentes en el Estado miembro en el que esté establecido su domicilio social o en los Estados miembros en los que posea filiales o establecimientos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación impuesta a una SCE de aplicar dichos procedimientos cuando así lo requiera un número significativo de sus empleados.

(13) Deberían aplicarse disposiciones específicas sobre la participación de los trabajadores en las asambleas generales, siempre que así lo permitan las legislaciones nacionales. La aplicación de dichas disposiciones no descarta la aplicación de otras formas de participación previstas en la presente Directiva.

(14) Los Estados miembros deberían asegurarse, mediante las disposiciones oportunas, de que, en caso de cambios estructurales consecutivos a la creación de una SCE, puedan volver a negociarse, si procede, los acuerdos relativos a la implicación de los trabajadores.

(15) Debe preverse que los representantes de los trabajadores que actúen en el marco de la presente Directiva disfruten en el ejercicio de sus funciones de la misma protección y garantías que las previstas para los representantes de los trabajadores con arreglo a la legislación o la práctica del país en que trabajen. No deben ser objeto de discriminación alguna, incluido el acoso, como resultado del ejercicio legal de sus actividades, y deben tener una protección adecuada contra el despido y otras sanciones.

(16) Debe garantizarse que se preserve el carácter confidencial de la información sensible, incluso después de la expiración del mandato de los representantes de los trabajadores. Debe contemplarse una disposición que permita al órgano competente de la SCE no divulgar aquella información que pudiera dañar gravemente el funcionamiento de la SCE en caso de hacerse pública.

(17) Cuando una SCE y sus filiales y establecimientos se hallen sujetos a la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(5), las disposiciones de esa Directiva, así como las disposiciones que la incorporen a la legislación nacional no deben aplicarse ni a la SCE ni a sus filiales y establecimientos, salvo que la comisión negociadora decida no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya iniciadas.

(18) Lo dispuesto en la presente Directiva no debe afectar a otros derechos existentes en materia de implicación de los trabajadores ni afecta necesariamente a otras estructuras de representación existentes establecidas por legislaciones y prácticas comunitarias y nacionales.

(19) Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas en caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la presente Directiva.

(20) El Tratado no prevé para la adopción de la presente Directiva por parte de la Comunidad más poderes que los del artículo 308.

(21) La protección de los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de implicación en las decisiones de la empresa es un principio fundamental y un objetivo declarado de la presente Directiva. Los derechos de los trabajadores existentes con anterioridad a la constitución de las SCE representan también un punto de partida para la configuración de su derecho a la implicación en la SCE (principio de antes y después). Esta consideración es válida en consecuencia no sólo para la nueva constitución de una SCE sino también para las modificaciones estructurales de una SCE ya constituida y para los procesos estructurales de modificación de las entidades de que se trate. En consecuencia, en caso de traslado de un Estado miembro a otro del domicilio social de una SCE debería seguir aplicándose como mínimo el mismo nivel de derechos en materia de implicación de los trabajadores. Asimismo, si los límites en materia de los trabajadores se alcanzan o se superan tras el registro de una SCE, dichos derechos deberían aplicarse de la misma manera en la que se habrían aplicado de haberse alcanzado o superado los límites antes del registro.

(22) Los Estados miembros podrán prever que los representantes sindicales puedan ser miembros de una comisión negociadora independientemente de que sean o no trabajadores de una entidad que participe en la constitución de una SCE. En este contexto, los Estados miembros, deberían poder reconocer este derecho, en particular, en los casos en que los representantes sindicales tengan derecho de participación y de voto en los órganos de administración o de control de la sociedad, de conformidad con la legislación nacional.

(23) En varios Estados miembros la implicación de los trabajadores, así como otros aspectos de las relaciones laborales, se basan tanto en la legislación como en la práctica nacionales, que, en este contexto, se considera que abarcan también los convenios colectivos a diferentes niveles, nacional, sectorial o de empresa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN APLICABLE A LAS SCE ESTABLECIDAS POR AL MENOS DOS ENTIDADES JURÍDICAS ASÍ COMO MEDIANTE TRANSFORMACIÓN

SECCIÓN III

NORMAS APLICABLES A LAS SCE ESTABLECIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS FÍSICAS O POR UNA SOLA ENTIDAD JURÍDICA Y PERSONAS FÍSICAS

SECCIÓN IV

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL O EN LA ASAMBLEA DE SECCIÓN O SECTORIAL

SECCIÓN V

DISPOSICIONES VARIAS

ANEXO

DISPOSICIONES DE REFERENCIA

(contempladas en el artículo 7 y en el artículo 8)

Parte 1: Composición del órgano de representación de los trabajadores

A fin de alcanzar el objetivo mencionado en el artículo 1 y en los casos previstos en el artículo 7 de la Directiva, se constituirá un órgano de representación con arreglo a las disposiciones siguientes:

a) El órgano de representación estará compuesto por trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos elegidos o designados por y entre los representantes de los trabajadores o, en su defecto, por el conjunto de los trabajadores.

b) La elección o designación de los miembros del órgano de representación se llevará a cabo con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales.

Los Estados miembros adoptarán disposiciones que garanticen que el número de miembros del órgano de representación y la asignación de los puestos se adapten para tener en cuenta los cambios producidos en la SCE, sus filiales y establecimientos. Los métodos empleados para nombrar, designar o elegir representantes de trabajadores deben procurar el equilibrio de género.

c) Si su dimensión lo justifica, el órgano de representación elegirá de entre sus miembros un comité restringido compuesto por un máximo de tres miembros.

d) El órgano de representación aprobará su reglamento interno.

e) Sus miembros serán elegidos o designados en proporción al número de trabajadores empleados en cada Estado miembro por la SCE y sus filiales o establecimientos, a razón en cada Estado miembro de un puesto por cada 10 % o fracción del total de trabajadores empleados por ellos en el conjunto de los Estados miembros.

f) El órgano competente de la SCE estará informado de la composición del órgano de representación.

g) A más tardar cuatro años después de su constitución, el órgano de representación deliberará sobre si deben entablarse o no negociaciones con vistas a la celebración del acuerdo que se menciona en los artículos 4 y 7 de la Directiva o si deben mantenerse vigentes las disposiciones de referencia establecidas con arreglo al presente anexo.

Se aplicarán, mutatis mutandis, los apartados 4 a 7 del artículo 3, y los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva, si se decide negociar un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva, en cuyo caso la expresión "la comisión negociadora" se sustituirá por la expresión "el órgano de representación". En caso de que no se haya llegado a un acuerdo a la expiración del plazo fijado para la conclusión de las negociaciones, seguirán aplicándose las reglas adoptadas inicialmente conforme a las disposiciones de referencia.

Parte 2: Disposiciones de referencia sobre información y consulta

La competencia y los poderes del órgano de representación constituido en la SCE se regirán por las disposiciones siguientes:

a) La competencia del órgano de representación se limitará a las cuestiones que afecten a la SCE en sí misma y a cualquiera de sus filiales o establecimientos situados en otros Estados miembros o a aquellas que excedan de la competencia de los órganos de decisión en un solo Estado miembro.

b) Sin perjuicio de las reuniones que se celebren en aplicación de la letra c), el órgano de representación tendrá derecho a ser informado y consultado, y, a tal efecto, a reunirse al menos una vez al año con el órgano competente de la SCE, sobre la base de informes periódicos elaborados por el órgano competente, acerca de la evolución y perspectivas de las actividades de la SCE. Se informará a las direcciones locales en consecuencia.

El órgano competente de la SCE proporcionará al órgano de representación los órdenes del día de las reuniones del órgano de administración o, cuando proceda, del órgano de dirección y control, así como copias de todos los documentos presentados a la junta general de sus miembros.

La reunión se referirá en particular a la estructura, la situación económica y financiera, la evolución probable de las actividades, de la producción y de las ventas, iniciativas referentes a la responsabilidad social de las empresas, la situación y la evolución probable del empleo, las inversiones, los cambios sustanciales relativos a la organización, la introducción de nuevos métodos de trabajo o nuevos procesos de producción, los traslados de producción, las fusiones, reducciones de tamaño o cierres de empresas, de establecimientos o de partes importantes de éstos, y los despidos colectivos.

c) Cuando concurran circunstancias excepcionales que afecten de modo considerable a los intereses de los trabajadores, y en particular en los casos de traslados, ventas, cierre de empresas o establecimientos o despidos colectivos, el órgano de representación tendrá derecho a ser informado. El órgano de representación o, cuando así lo decida -en particular, por razones de urgencia- el comité restringido tendrá derecho a reunirse, a petición propia, con el órgano competente de la SCE o con cualquier otro nivel de dirección más adecuado de la SCE que sea competente para adoptar decisiones propias, para que se les informe y consulte sobre las medidas que afecten considerablemente a los intereses de los trabajadores.

Cuando el órgano competente decida no seguir la opinión o el criterio manifestado por el órgano de representación, este último tendrá derecho a reunirse de nuevo con el órgano competente de la SCE a fin de intentar llegar a un acuerdo.

En el caso de una reunión organizada con el comité restringido, los miembros del órgano de representación que representen a los trabajadores directamente afectados por las medidas en cuestión tendrán también derecho a participar.

Las reuniones antes mencionadas no afectarán a las prerrogativas del órgano competente.

d) Los Estados miembros podrán establecer normas sobre la presidencia de las reuniones de información y consulta.

Antes de cualquier reunión con el órgano competente de la SCE, el órgano de representación o el comité restringido, ampliado en caso necesario de conformidad con lo indicado en el tercer párrafo de la letra c), estarán facultados para reunirse sin que estén presentes los representantes del órgano competente.

e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva, los miembros del órgano de representación informarán a los representantes de los trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos acerca del contenido y del resultado de los procedimientos de información y consulta.

f) El órgano de representación o el comité restringido podrán estar asistidos por expertos de su elección.

g) En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus funciones, los miembros del órgano de representación tendrán derecho a un permiso de formación sin pérdida de salario.

h) Los gastos de funcionamiento del órgano de representación correrán a cargo de la SCE, que dotará a los miembros del mismo de los recursos financieros y materiales necesarios para que puedan cumplir adecuadamente su cometido.

En particular, la SCE se hará cargo, salvo que se convenga otra cosa, de los gastos de organización de las reuniones y de interpretación, así como de los gastos de alojamiento y viaje de los miembros del órgano de representación y del comité restringido.

Respetando estos principios, los Estados miembros podrán fijar normas relativas a la financiación del funcionamiento del órgano de representación. En particular, podrán limitar la financiación a un solo experto.

Parte 3: Disposiciones de referencia para la participación

La participación de los trabajadores en la SCE se regirá por las disposiciones siguientes

a) En el caso de una SCE constituida por transformación, si las normas de un Estado miembro relativas a la participación de los trabajadores en el órgano de administración o de control eran de aplicación antes de la inscripción, todos los elementos de la participación de los trabajadores continuarán siendo de aplicación en la SCE. La letra b) se aplicará mutatis mutandis a dichos efectos.

b) En los demás casos de constitución de una SCE, los trabajadores de la SCE, de sus filiales y establecimientos o sus órganos de representación tienen derecho a elegir, designar, recomendar u oponerse a la designación de un número de miembros del órgano de administración o de control de la SCE igual a la mayor de las proporciones vigentes en las sociedades participantes de que se trate antes de la inscripción de la SCE.

c) Si ninguna de las entidades jurídicas participantes estuviera regida por las normas de participación antes de la inscripción de la SCE, ésta no estará obligada a establecer disposiciones en materia de participación de los trabajadores.

d) El órgano de representación decidirá sobre el reparto de los puestos en el seno del órgano de administración o de control entre los miembros representantes de los trabajadores de los diferentes Estados miembros, o sobre la forma en que los trabajadores de la SCE pueden recomendar el nombramiento de miembros de estos órganos u oponerse al mismo, en función de la proporción de trabajadores de la SCE empleados en cada Estado miembro. Si los trabajadores de uno o más Estados miembros no están cubiertos por este criterio proporcional, el órgano de representación designará un miembro originario de uno de dichos Estados miembros, en particular del Estado miembro del domicilio social de la SCE cuando ello sea oportuno. Cada Estado miembro podrá determinar la forma de reparto de los puestos que le sean atribuidos en el seno del órgano de administración o de control.

e) Todo miembro del órgano de administración o, en su caso, del órgano de control de la SCE que haya sido elegido, designado o recomendado por el órgano de representación o, según los casos, por los trabajadores, será miembro de pleno derecho, con los mismos derechos y obligaciones que los miembros que representen a los miembros de la cooperativa, incluido el derecho de voto.