Artículo 6

Artículo 6

1.  Los Estados miembros velarán por que las condiciones y los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 5, así como las obligaciones concretas relacionadas con el ejercicio de una autorización específica, estén justificados exclusivamente por la necesidad de garantizar la correcta realización de las actividades en la zona para la que se solicite una autorización, mediante la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 o mediante el pago de una contribución financiera o de una contribución en hidrocarburos.

2.  En la medida en que así lo justifiquen razones de seguridad nacional, seguridad pública, sanidad pública, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección de los recursos biológicos y del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico, la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores, la administración planificada de los recursos de hidrocarburos (por ejemplo, el ritmo de agotamiento de los mismos o la optimación de su recuperación) o la necesidad de garantizar ingresos impositivos, los Estados miembros podrán imponer condiciones y requisitos en relación con el ejercicio de las actividades que figuran en el apartado 1 del artículo 2.

3.  Las normas para el pago de las contribuciones a que se hace referencia en el apartado 1, incluido cualquier requisito de participación del Estado, serán fijadas por los Estados miembros de modo tal que se garantice el mantenimiento de la independencia de la gestión de las entidades.

No obstante, en caso de que la concesión de las autorizaciones esté supeditada a la participación del Estado en las actividades, y en caso de que se haya encomendado a una persona jurídica la gestión de dichas participaciones, o bien en caso de que el propio Estado gestione la participación, no podrá impedirse ni a la persona jurídica ni al Estado de que se trate que asuma los derechos y las obligaciones vinculados a dichas participaciones, que deberán ser equivalentes a la importancia de la participación, siempre que la persona jurídica o el Estado en cuestión no sea parte en la información y no ejerza el derecho de voto en decisiones relativas a las fuentes de abastecimiento para entidades, que la persona jurídica o el Estado combinado con una o varias entidades públicas no ejerza su derecho de voto por mayoría, en otras decisiones y siempre que el voto del Estado o de la persona jurídica en cuestión se base en criterios totalmente transparentes, objetivos y no discriminatorios y no impida que las decisiones de la entidad relativas a la gestión se basen en criterios comerciales normales.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior no obstará para que la persona jurídica o el Estado pueda oponerse a cualquier decisión adoptada por los titulares de una autorización que no cumpla las condiciones y requisitos especificados en la misma por lo que se refiere a la política relativa al agotamiento de los recursos y a la protección de los intereses financieros del Estado.

La facultad de oponerse a una decisión se ejercerá de manera no discriminatoria, en particular por lo que respecta a las decisiones relativas a las inversiones y a las fuentes de abastecimiento de las entidades. Cuando la participación de un Estado en estas actividades se gestione por una persona jurídica que también sea titular de la autorización, los Estados miembros establecerán una serie de disposiciones por las cuales la persona júridica de que se trate tendrá la obligación de hacer constar en registros distintos su función comercial por un lado y su función como gestor de las participaciones del Estado, por otro, y por las cuales se garantice que no existe ningún flujo informativo de la parte de la persona jurídica responsable de la gestión de las participaciones del Estado en cuestión a la parte de la persona jurídica titular de la autorización por derecho propio. (No obstante, cuando la parte de la persona jurídica responsable de la gestión de las participaciones del Estado en cuestión comprometa la parte de la persona jurídica titular de la autorización como asesor, aquélla podrá facilitar toda la información que sea necesaria para llevar a cabo la labor de asesoría. Se informará previamente a los titulares de todas las autorizaciones de la información facilitada de esta manera y se les concederá tiempo suficiente para formular objeciones.)

4.  Los Estados miembros velarán por que el control de las entidades en el marco de la autorización se limite a lo necesario para garantizar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y obligaciones contemplados en el apartado 1. Adoptarán, en particular, las medidas necesarias para que ninguna entidad se vea obligada por vía legal, reglamentaria o administrativa, o por cualquier acuerdo o compromiso, a facilitar información sobre sus fuentes previstas o efectivas de abastecimiento, salvo a petición de las autoridades competentes y exclusivamente con vistas a los objetivos mencionados en el artículo 36 del Tratado.