ANEXO VIII

ANEXO VIII

Autoregulación

(mencionada en el artículo 17)

Además del requisito jurídico fundamental de que las iniciativas de autorregulación deben respetar todas las disposiciones del Tratado (en particular las relativas al mercado interior y las normas de competencia), así como los compromisos asumidos por la Comunidad a nivel internacional, incluidas las normas comerciales multilaterales, podrá utilizarse la siguiente lista no exhaustiva de criterios indicativos con objeto de evaluar la admisibilidad de las iniciativas de autorregulación como soluciones alternativas a una medida de ejecución en el contexto de la presente Directiva:

1.    Libre participación

Los operadores de terceros países deben poder participar en iniciativas de autorregulación, tanto en la fase preparatoria como en la fase de ejecución.

2.    Valor añadido

Las iniciativas de autorregulación deben generar valor añadido (más que garantizar el mantenimiento de los valores habituales) en términos de mejora del comportamiento medioambiental global del producto cubierto.

3.    Representatividad

La industria y las asociaciones de la misma que participen en una acción de autorregulación deben representar a una gran parte del sector económico en cuestión, con el menor número posible de excepciones. Debe prestarse especial atención al respeto de las normas de competencia.

4.    Objetivos cuantificados y escalonados

Los objetivos definidos por las partes interesadas deben establecerse claramente y sin ambigüedades, empezando por una línea de fondo bien definida. En caso de que la iniciativa de autorregulación abarque un período prolongado, deben incluirse objetivos provisionales. Será posible controlar el cumplimiento mediante objetivos y metas (provisionales) de manera abordable y creíble utilizando indicadores claros y fiables. La información sobre la investigación y los datos sobre los antecedentes científicos y tecnológicos deben facilitar la elaboración de dichos indicadores.

5.    Participación de la sociedad civil

Para garantizar la transparencia, deben publicarse las iniciativas de autorregulación, utilizándose incluso Internet y otros medios electrónicos de difusión de la información.

Lo mismo reza para los informes de control provisionales y definitivos. Las partes interesadas, en particular los Estados miembros, la industria, las ONG que trabajan en el ámbito del medio ambiente y las asociaciones de consumidores, deben tener la posibilidad de formular observaciones sobre una iniciativa de autorregulación.

6.    Control e información

Las iniciativas de autorregulación deben contener un sistema de control bien definido, con unas responsabilidades claramente identificadas para la industria y los verificadores independientes. Deberá pedirse a los servicios de la Comisión que, en colaboración con las partes en la iniciativa de autorregulación, controlen la consecución de los objetivos.

El plan de control e información debe ser pormenorizado, transparente y objetivo. Debe seguir siendo competencia de los servicios de la Comisión, asistidos por el comité a que se hace referencia en el artículo 19, apartado 1, examinar si se han cumplido los objetivos del acuerdo voluntario u otras medidas de autorregulación fijados.

7.    Relación coste/eficacia de la gestión de una iniciativa de autorregulación

El coste que se deriva de la gestión de las iniciativas de autorregulación, en particular en lo que se refiere al control, no debe dar lugar a una carga administrativa desproporcionada en comparación con sus objetivos y otros instrumentos políticos disponibles.

8.    Sostenibilidad

Las iniciativas de autorregulación deben responder a los objetivos políticos de la presente Directiva, incluido el enfoque integrado, y deben estar en consonancia con la dimensión económica y social del desarrollo sostenible. Debe integrarse la protección de los intereses de los consumidores, su salud, calidad de vida e intereses económicos.

9.    Compatibilidad de los incentivos

Existe la posibilidad de que las iniciativas de autorregulación no den los resultados esperados en caso de que otros factores e incentivos —presión de mercado, impuestos y legislación nacional— envíen señales contradictorias a los participantes en la iniciativa de autorregulación. La coherencia política es fundamental a este respecto y debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la eficacia de la iniciativa.