Artículo 7 1.

pruebas pertinentes relacionadas con el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 1;

una clasificación del proyecto con arreglo a la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos, respaldada por pruebas adecuadas;

un calendario para la ejecución del proyecto, que incluya una visión general de las autorizaciones requeridas para el proyecto y la situación del correspondiente proceso de concesión de autorizaciones;

un plan que contenga medidas para facilitar la aceptación pública, incluidas, cuando proceda, medidas para facilitar la implicación significativa y la participación activa de las comunidades afectadas, el establecimiento de canales de comunicación recurrentes con comunidades y organizaciones locales, incluidos los interlocutores sociales, y las autoridades pertinentes, y la puesta en marcha de campañas de sensibilización e información y el establecimiento de posibles mecanismos de mitigación y compensación;

información sobre el control de las empresas que participan en el proyecto, tal como se define en el artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo ( 3 ) y, cuando participen varias empresas, información en la que se indique la participación relativa de cada empresa en el proyecto;

un plan de negocio en el que se evalúe la viabilidad financiera del proyecto;

una estimación del potencial del proyecto para la creación de empleo de calidad y de las necesidades del proyecto en términos de mano de obra cualificada y un plan de trabajo para apoyar la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional y promover la representación inclusiva de la mano de obra;

en el caso de los proyectos en terceros países o países y territorios de ultramar (PTU) que conlleven actividades de extracción, un plan para mejorar el estado medioambiental de las zonas afectadas tras el fin de la explotación, con vistas a restaurar el estado medioambiental previo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la viabilidad técnica y económica;

en el caso de los proyectos relacionados exclusivamente con el procesamiento o el reciclado situados en zonas protegidas en virtud de la Directiva 92/43/CEE o la Directiva 2009/147/CE, una descripción de las ubicaciones alternativas adecuadas desde el punto de vista técnico evaluadas por el promotor del proyecto y el motivo por el que esas ubicaciones alternativas no se consideran ubicaciones adecuadas para el proyecto;

en el caso de los proyectos que puedan afectar a los pueblos indígenas, un plan que contenga medidas orientadas a una consulta significativa de los pueblos indígenas afectados acerca de la prevención y minimización de los efectos adversos sobre los derechos de los pueblos indígenas y, en su caso, una compensación justa para dichos pueblos, así como medidas para abordar los resultados de la consulta.