Artículo 31 Información a las autoridades competentes

Cuando la conducta de un miembro del consejo pueda ir en detrimento de una gestión prudente y adecuada de la ECC, la autoridad competente adoptará las medidas oportunas, que podrán incluir su exclusión del consejo.

Toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación cualificada en una ECC («el vendedor potencial»), lo notificará primero por escrito a la autoridad competente, indicando la cuantía de participación prevista. Dicha persona deberá también notificar a la autoridad competente si ha decidido reducir una participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída sea inferior al 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o que la ECC deje de ser la filial de dicha persona.

La autoridad competente, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en un plazo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación a que se refiere el presente apartado y de la información a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, enviará un acuse de recibo por escrito al potencial adquirente o vendedor y compartirá la información con la AEVM y el colegio a que se refiere el artículo 18.

En un plazo de sesenta días hábiles a partir de la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y de todos los documentos que deben adjuntarse a la notificación con arreglo a la lista indicada en el artículo 32, apartado 4, salvo que ese plazo se prorrogue de conformidad con el presente artículo (en lo sucesivo, «plazo de evaluación»), la autoridad competente llevará a cabo la evaluación prevista en el artículo 32, apartado 1 (en lo sucesivo, «evaluación»). El colegio a que se refiere el artículo 18 emitirá un dictamen en virtud del artículo 19 y la AEVM lo hará en virtud del artículo 24 bis, apartado 7, párrafo primero, letra b quater), y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 17 ter, durante el plazo de evaluación.

La autoridad competente informará al potencial adquirente o vendedor de la fecha en que expira el plazo de evaluación cuando proceda al acuse de recibo.

El plazo de evaluación quedará interrumpido durante el período comprendido entre la fecha en que la autoridad competente solicite información y la fecha de recepción de una respuesta del adquirente potencial. La interrupción tendrá una duración máxima de 20 días hábiles. La autoridad competente podrá cursar según su criterio otras solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información, si bien ninguna de estas solicitudes podrá dar lugar a una interrupción del plazo de evaluación.