Rango jurídico de las presentes directrices conjuntas

De conformidad con la legislación sectorial, las autoridades competentes aplicarán las presentes Directrices conjuntas de acuerdo con el principio de proporcionalidad⁴ .

(¹ ) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(² ) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

(³ ) Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(⁴ ) Dado que estas Directrices están dirigidas a las autoridades competentes, la aplicación de la proporcionalidad debe ajustarse a los requisitos de proporcionalidad establecidos en la legislación sectorial.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta todos los riesgos ASG y su posible evolución al diseñar su marco para las pruebas de resistencia con fines de supervisión y revisar periódicamente la pertinencia de los riesgos ASG para dicho marco, especialmente mientras se avanza hacia la ampliación gradual de la cobertura a otros factores ASG. Las autoridades competentes definirán con exactitud sus objetivos al realizar pruebas de resistencia ASG, teniendo en cuenta dos tipos principales de ejercicios:

• ▪ probar la solidez de la posición de capital y de liquidez, y la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades financieras frente a perturbaciones económicas y financieras vinculadas a todos los riesgos significativos, incluidos los riesgos ASG, a corto plazo (p. ej., hasta cinco años);
• ▪ evaluar la resiliencia de la estrategia y el modelo de negocio de las entidades financieras ante una serie de escenarios relacionados con criterios ASG en un horizonte temporal a largo plazo (al menos diez años⁵ ).

Evaluación de la importancia relativa