18 Nuevos productos y cambios significativos

Las entidades deberían contar con una política de aprobación de nuevos productos adecuadamente documentada y aprobada por el órgano de dirección en la que se aborden el desarrollo de nuevos mercados, productos y servicios, y los cambios significativos en los ya existentes, así como las transacciones excepcionales. Dicha política también debería abarcar los cambios relevantes en los procesos (p. ej., nuevos acuerdos de externalización) y sistemas (p. ej., procesos de cambio de TI) relacionados. Asimismo, esta política debería garantizar que los productos y los cambios aprobados sean coherentes con la estrategia de riesgo y el apetito de riesgo de la entidad y los límites correspondientes, o que se realicen las revisiones necesarias.

Los cambios relevantes o las transacciones excepcionales podrían incluir fusiones y adquisiciones, incluyendo las posibles consecuencias de realizar insuficientes procesos de diligencia debida en los que no se identifiquen los riesgos y pasivos posteriores a la fusión; la creación de estructuras (p. ej., nuevas filiales o vehículos de propósito único), nuevos productos, cambios en los sistemas o el marco o los procedimientos de gestión de riesgos, y cambios en la organización de la entidad.

Las entidades deberían contar con procedimientos específicos para evaluar el cumplimiento de estas políticas, teniendo en cuenta las aportaciones de la función de gestión de riesgos, que deberían incluir una evaluación sistemática previa y una opinión documentada de la función de cumplimiento sobre nuevos productos o cambios significativos en productos ya existentes.

La política de aprobación de nuevos productos de una entidad debería cubrir todos los aspectos que deban tenerse en cuenta antes de decidir penetrar en nuevos mercados, operar con nuevos productos, lanzar un nuevo servicio o realizar cambios significativos en productos

• o servicios ya existentes. Dicha política también debería incluir las definiciones de «nuevo producto/mercado/negocio» y de «cambios significativos» que se utilizarán en la organización y las funciones internas que intervendrán en el proceso de toma de decisiones.

La política de aprobación de nuevos productos debería establecer las principales cuestiones a abordar antes de tomar una decisión, entre las que se incluyen el cumplimiento de la regulación, la contabilidad, los modelos de fijación de precios, el impacto en el perfil de riesgo, la adecuación del capital y la rentabilidad, la disponibilidad de recursos adecuados de front office (operadores), back office (servicios administrativos) y middle office (gestión de riesgos, sistemas de TI, etc.), y la disponibilidad de herramientas internas y experiencia adecuadas para comprender y controlar los riesgos asociados. Asimismo, para cumplir las obligaciones que se derivan de la Directiva (UE) 2015/849, las entidades deberían identificar y evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado al nuevo producto

• o práctica comercial, y establecer las medidas que deban adoptarse para mitigar dichos riesgos. En la decisión de poner en marcha una nueva actividad se indicará claramente la unidad de negocio y las personas responsables de dicha actividad. No debería emprenderse una nueva actividad hasta que se disponga de los recursos adecuados para entender y gestionar los riesgos asociados.

La función de gestión de riesgos y la función de cumplimiento deberían involucrarse en la aprobación de nuevos productos o de cambios significativos en productos, procesos y sistemas existentes. Su aportación debería incluir una evaluación completa y objetiva de los riesgos derivados de las nuevas actividades en diversos escenarios, de posibles deficiencias en los marcos de gestión de riesgos y de control interno de la entidad, y de la capacidad de la entidad para gestionar los nuevos riesgos con eficacia. La función de control de riesgos debería tener asimismo una visión general clara del proceso de implantación de nuevos productos (o de los cambios significativos en los productos, procesos y sistemas existentes) en las diferentes líneas de negocio y carteras, así como la facultad de exigir que los cambios en productos existentes se sometan al proceso formal de aprobación de nuevos productos.