7.3 Evaluación de los acuerdos de externalización

El supervisor prudencial responsable de supervisar los acuerdos de externalización de las entidades, según se definen en las Directrices de la ABE sobre externalización¹² , intercambiará información relacionada con los acuerdos de externalización pertinentes con el supervisor de PBC/FT correspondiente. Este intercambio tendrá lugar, en particular, en los casos en que el supervisor prudencial tenga indicios razonables para sospechar que los acuerdos de externalización podrían repercutir en la exposición al riesgo de BC/FT de la entidad o en el cumplimiento continuado de sus obligaciones en virtud de la Directiva 2013/36/UE y la Directiva (UE) 2015/849, incluido cuando:

• a. existan dudas sobre la adecuación de los sistemas de supervisión y gobierno en relación con la función externalizada y su repercusión en los riesgos de BC/FT a los que se enfrenta la entidad, el acceso a los datos de clientes, la fiabilidad de los registros o la asignación de tareas entre la entidad y el proveedor de servicios, especialmente cuando el proveedor no sea una entidad obligada en virtud de la Directiva (UE) 2015/849;
• b. la entidad esté externalizando funciones esenciales o importantes, según lo previsto en la sección 4 de las Directrices de la ABE sobre externalización, que puedan afectar a los sistemas internos y al marco de control de la entidad en relación con los riesgos de BC/FT, o si, en caso de incumplimiento en la prestación del servicio por parte del proveedor de servicios (o de su proveedor en caso de subexternalización), esto pueda dar lugar al incumplimiento de las obligaciones de la entidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Supervisores de PBC/FT

¹² Directrices de la ABE sobre externalización (EBA/GL/2019/02).

Cuando los supervisores de PBC/FT reciban del supervisor prudencial información sobre un acuerdo de externalización, deberán compartir con este cualquier preocupación identificada desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.