10 Valores corporativos y código de conducta

El órgano de dirección debería ser responsable de establecer, aprobar y supervisar la aplicación y el mantenimiento de políticas eficaces para identificar, evaluar, gestionar y mitigar o prevenir conflictos reales y potenciales entre los intereses de la entidad y los intereses privados del personal, incluidos los miembros del órgano de dirección, lo que podría influir adversamente en el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Las entidades en base consolidada deberían considerar los intereses dentro de la política de conflictos de interés del grupo a nivel consolidado o subconsolidado.

La política debería tener como objetivo identificar los conflictos de interés del personal, incluidos los intereses de los familiares más cercanos. Las entidades deberían tener en cuenta que estos conflictos pueden surgir no solo de las relaciones personales o profesionales actuales, sino también de relaciones anteriores. Cuando se planteen conflictos de interés, las entidades deberían valorar su importancia y acordar y aplicar medidas apropiadas para mitigarlos.

Con respecto a los conflictos de interés que puedan surgir de relaciones anteriores, las entidades deberían establecer un plazo apropiado para que el personal informe de tales conflictos, por considerar que aún pueden tener un impacto sobre el comportamiento del personal y su participación en la toma de decisiones.

La política debería abarcar al menos las siguientes situaciones o relaciones en las que pueden surgir conflictos de interés:

• a. intereses económicos (p. ej., acciones, otros derechos de propiedad y pertenencia a asociaciones, participaciones financieras y otros intereses económicos en clientes comerciales, derechos de propiedad intelectual, préstamos otorgados por la entidad a una empresa propiedad del personal, pertenencia a un órgano o propiedad de un órgano o entidad con intereses enfrentados);
• b. relaciones personales o profesionales con los propietarios de participaciones significativas en la entidad;
• c. relaciones personales o profesionales con personal de la entidad o de entidades incluidas en el ámbito de consolidación prudencial (p. ej., relaciones familiares);
• d. otros empleos y empleos anteriores en el pasado reciente (p. ej., los últimos cinco años);
• e. relaciones personales o profesionales con terceros relevantes con intereses en la entidad (p. ej., asociaciones con proveedores, consultores u otros proveedores de servicios esenciales), e
• f. influencia política o relaciones políticas.

No obstante lo anterior, las entidades deberían tener en cuenta que ser accionista de una entidad o tener cuentas privadas o préstamos, o utilizar otros servicios de la misma, no debería llevar a una situación en la que se considere que el personal tiene un conflicto de interés si permanecen dentro de un umbral mínimo adecuado.