Título I - Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad previsto en el artículo 74, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE pretende garantizar que los sistemas de gobierno interno sean coherentes con el perfil de riesgo individual y el modelo de negocio de la entidad, de modo que se alcancen eficazmente los objetivos de las disposiciones y los requisitos regulatorios.

Las entidades deberían tener en cuenta su tamaño y organización interna, así como la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades, al desarrollar y aplicar sus sistemas de gobierno interno. Las entidades significativas deberían contar con sistemas de gobierno más sofisticados, mientras que las entidades pequeñas y menos complejas pueden aplicar sistemas de gobierno más sencillos. No obstante, las entidades deberían tener en cuenta que el tamaño o la importancia sistémica de una entidad pueden no ser, por sí mismos, indicativos del grado de exposición de una entidad a los riesgos.

A efectos de la aplicación del principio de proporcionalidad y para garantizar la aplicación adecuada de los requisitos regulatorios y de las presentes directrices, las entidades y las autoridades competentes deberían tener en cuenta los siguientes criterios:

• a. el tamaño en términos del total del balance de la entidad y sus filiales dentro del ámbito de consolidación prudencial;
• b. la presencia geográfica de la entidad y el volumen de sus operaciones en cada jurisdicción;
• c. la forma jurídica de la entidad y si la entidad forma parte de un grupo y, en caso afirmativo, la evaluación de los criterios de proporcionalidad realizada para el grupo;
• d. si la entidad está admitida a cotización;
• e. si la entidad está autorizada a utilizar modelos internos para el cálculo de los requerimientos de capital (p. ej., el método basado en calificaciones internas);
• f. el tipo de actividades y servicios autorizados realizados por la entidad (véanse también el anexo 1 de la Directiva 2013/36/UE y el anexo 1 de la Directiva 2014/65/UE);
• g. el modelo y la estrategia de negocio subyacentes; la naturaleza y la complejidad de las actividades de negocio y la estructura organizativa de la entidad;
• h. la estrategia de riesgo, el apetito de riesgo y el perfil de riesgo real de la entidad, teniendo en cuenta también el resultado de las evaluaciones de capital y liquidez del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES);
• i. la estructura de propiedad y de financiación de la entidad;
• j. el tipo de clientes (p. ej., minoristas, corporativos, institucionales, pequeñas empresas, entidades públicas) y la complejidad de los productos o contratos;
• k. las actividades externalizadas y los canales de distribución;
• l. los sistemas de tecnología de la información (TI) existentes, incluidos los sistemas de continuidad y las funciones externalizadas en esta área, y
• m. si la entidad encaja en la definición de «entidad pequeña y no compleja» o de «entidad grande» recogidas en el artículo 4, apartado 1, puntos 145 y 146, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.