Ámbito de aplicación

Las presentes directrices se aplican en relación con los sistemas de gobierno interno de las entidades, que comprende su estructura organizativa y la correspondiente división interna de responsabilidades, los procesos para identificar, gestionar, realizar un seguimiento e informar de todos los riesgos³ a los que están o podrían estar expuestas, y el marco de control interno.

³ Cualquier referencia a los riesgos en estas directrices debería incluir los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las directrices tratan de abarcar todas las estructuras existentes de los órganos de administración y no propugnan ninguna estructura concreta. Las directrices no interfieren en la asignación general de competencias prevista en la legislación nacional en materia de sociedades. En consecuencia, deberían aplicarse independientemente de la estructura de gobierno (monista, dualista u otra) utilizada en los distintos Estados miembros. Se considerará que el órgano de dirección, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, puntos 7 y 8, de la Directiva 2013/36/UE, tiene funciones de gestión (ejecutivas) y de supervisión (no ejecutivas)⁴ .

⁴ Véase también el considerando 56 de la Directiva 2013/36/UE.

Los términos «órgano de dirección en su función de dirección» y «órgano de dirección en su función de supervisión» se utilizan en estas directrices sin hacer referencia a ninguna estructura de gobierno específica, y debería entenderse que las referencias a la función de dirección (ejecutiva) o de supervisión (no ejecutiva) se aplican a los órganos o a los miembros del órgano de dirección responsables de dicha función de conformidad con la legislación nacional. Al aplicar estas directrices, las autoridades competentes deberían tener en cuenta su legislación nacional en materia de sociedades y, cuando sea necesario, especificar a qué órgano o miembros del órgano de dirección se deberían referir estas funciones.

En los Estados miembros donde el órgano de dirección delegue, parcial o totalmente, las funciones ejecutivas en una persona o en un órgano ejecutivo interno (p. ej., el primer ejecutivo (CEO), un equipo directivo o un comité ejecutivo), se considerará que las personas que desempeñan esas funciones ejecutivas sobre la base de dicha delegación constituyen la función de dirección del órgano de dirección. A los efectos de las presentes directrices, cualquier referencia al órgano de dirección en su función de dirección debe entenderse que incluye también a los miembros del órgano ejecutivo o al primer ejecutivo (CEO), tal como se definen en estas directrices, incluso si no han sido propuestos o designados como miembros formales del órgano u órganos de gobierno de la entidad, de conformidad con la legislación nacional.

En los Estados miembros donde algunas responsabilidades sean ejercidas directamente por los accionistas, los miembros o los propietarios de la entidad en lugar de por el órgano de dirección, las entidades deberían asegurase de que tales responsabilidades y las decisiones relacionadas con aquellas estén alineadas, en la medida de lo posible, con las directrices aplicables al órgano de dirección.

Las definiciones de primer ejecutivo (CEO), director financiero (CFO) y titulares de funciones clave que se utilizan en estas directrices son puramente funcionales y no pretenden imponer el nombramiento de dichos cargos ni la creación de los mismos, a menos que así lo establezca la legislación nacional o de la UE pertinente.

Las entidades deberían cumplir y las autoridades competentes deberían velar por que las entidades cumplan estas directrices en base individual, subconsolidada y consolidada de conformidad con el nivel de aplicación previsto en el artículo 109 de la Directiva 2013/36/UE.