2.1. Visión general del marco del PRES

Las autoridades competentes dispondrán de un marco del PRES exhaustivo que abarque los siguientes componentes, los cuales se evaluarán de forma periódica teniendo en cuenta la lista de actos jurídicos publicada por separado en el sitio web de la ABE. El cumplimiento de la entidad se valorará en función de dicho marco. El modelo de dedicación mínima del PRES, descrito en la sección 2.4, establece cómo se puede adaptar este marco a las distintas entidades, aplicando el principio de proporcionalidad. Estos componentes son:

• a. clasificación de la entidad, tal como se especifica en la sección 2.1.1;
• b. seguimiento de los indicadores clave especificados en el título 3;
• c. análisis del modelo de negocio (BMA), tal como se especifica en el título 4;
• d. evaluación del gobierno interno y de los controles globales, tal como se especifica en el título 5;
• e. evaluación de los riesgos para el capital, tal como se especifica en el título 6;
• f. evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad, tal como se especifica en el título 7;
• g. evaluación de los riesgos de liquidez y financiación, y adecuación de la liquidez y de la financiación del PRES, tal como se especifica en el título 8;
• h. evaluación global del PRES (incluida la aplicación de medidas de supervisión y medidas de actuación temprana, cuando sea necesario) y comunicación, tal como se especifica en el título 9 y en la sección 2.1.2, respectivamente.

Las autoridades competentes entenderán el PRES como un proceso continuo que integra los resultados de todas las actividades de supervisión y todas las fuentes de información disponibles en una visión general y exhaustiva de una entidad. El PRES deberá tener en cuenta lo siguiente:

• a. los resultados de anteriores evaluaciones del PRES, del análisis del modelo de negocio y de la supervisión continuada a distancia;
• b. la información financiera de la entidad, sus planes estratégicos, la información regulatoria [información común (COREP), información financiera (FINREP) y registro central de créditos, cuando estén disponibles] y la información interna (por ejemplo, información de gestión, informes sobre capital y liquidez, e informes internos de riesgos);
• c. los procedimientos ICAAP/ILAAP y para la elaboración de los planes de recuperación de la entidad;
• d. inspecciones in situ ;
• e. evaluaciones de los modelos internos;
• f. análisis exhaustivos ( deep-dive )específicos;
• g. revisiones temáticas horizontales;
• h. análisis de las pruebas de resistencia;
• i. informes de terceros (p. ej., informes de auditoría, informes de analistas financieros/de crédito);
• j. otros estudios o encuestas sectoriales o macroeconómicas pertinentes.

2.1.1. Clasificación de las entidades

Las autoridades competentes clasificarán a todas las entidades sujetas a su supervisión en cuatro clases diferentes, teniendo en cuenta el tamaño, la importancia sistémica, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la entidad de que se trate, y con arreglo a lo previsto en el artículo 97, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE. La clasificación reflejará la evaluación del riesgo sistémico que plantean las entidades para el sistema financiero.

En el caso de un grupo de entidades, si las autoridades competentes determinan que la relevancia de diferentes entidades del grupo, en función de los elementos enumerados en el apartado 17, varía, podrán aplicar una clasificación a nivel individual para reflejar estas diferencias (p. ej., asignando diferentes clases a diversas filiales del grupo y/o a la entidad consolidada).

Las autoridades competentes revisarán la clasificación de sus entidades de forma periódica, y también después de hechos que puedan afectar al nivel de riesgo de los modelos de negocio, o de que se realicen operaciones societarias de gran envergadura, como una gran desinversión, una fusión o adquisición, o una acción estratégica importante.

Para garantizar un nivel mínimo de comparabilidad, las autoridades competentes tomarán como punto de partida las clases que se indican a continuación:

► Clase 1 – Todas las entidades definidas como «entidades grandes» en el artículo 4, apartado 1, punto 146, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las autoridades competentes podrán clasificar a las «entidades grandes» en la clase 2 o 3 por razones de proporcionalidad, siempre que no sean EISM. La reclasificación de las «entidades grandes» que no sean EISM se llevará a cabo de conformidad con los criterios cualitativos de las clases 2 y 3 siguientes, teniendo en cuenta el tamaño, la importancia sistémica, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la entidad.

► Clase 2 — i) Entidades medianas y grandes distintas de las incluidas en la clase 1 que no sean «entidades pequeñas y no complejas», tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y que operen en varias líneas de negocio, incluyendo actividades no bancarias, o que realicen actividades transfronterizas considerables, y que ofrezcan productos financieros y de crédito a clientes minoristas y corporativos; ii) entidades especializadas sin importancia sistémica con cuotas de mercado significativas en sus líneas de negocio o sistemas de pago, o en plataformas/mercados de negociación de instrumentos financieros; iii) entidades consideradas importantes, debido a su tamaño, sus actividades o su modelo de negocio (p. ej. las entidades centrales de un SIP, las ECC, los DCV, las cooperativas de crédito o las cajas de ahorro centrales), para la economía (por ejemplo, en términos de activos totales sobre producto interior bruto (AT/PIB)) o para el sector bancario en un Estado miembro determinado.

► Clase 3 – i) Entidades pequeñas y medianas distintas de las incluidas en las clases 1 y 2, que no sean «entidades pequeñas y no complejas», tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y que operen en un número limitado de líneas de negocio, o que realicen actividades transfronterizas no significativas, que ofrezcan principalmente productos de crédito a clientes minoristas, corporativos e institucionales con una oferta limitada de productos financieros; ii) entidades especializadas con cuotas de mercado menos significativas en sus líneas de negocio o sistemas de pago, o en mercados financieros.

► Clase 4: Todas las entidades definidas como «entidades pequeñas y no complejas» en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y todas las demás entidades pequeñas no complejas que no pertenezcan a las clases 1 a 3 (p. ej., con un ámbito de actividades limitado y cuotas de mercado no significativas en sus líneas de negocio).

2.1.2. Evaluación continua de los riesgos, marco de escalado y medidas de supervisión

Las autoridades competentes evaluarán continuamente los riesgos a los que está o podría estar expuesta la entidad a través de sus actividades de supervisión de conformidad con el modelo de dedicación mínima del PRES definido en la sección 2.4.

Las autoridades competentes velarán por que los resultados de sus evaluaciones estén claramente documentados, prestando especial atención a la causa raíz de las deficiencias detectadas. Estos resultados se reflejarán en las puntuaciones del PRES asignadas de conformidad con las presentes directrices y deben servir de base para las medidas de supervisión posteriores que puedan aplicar las autoridades competentes, tal y como se especifica en los artículos 102, 104 y 105 de la Directiva 2013/36/UE y en la legislación nacional, así como, cuando proceda, para las medidas de actuación temprana previstas en el artículo 27 de la Directiva 2014/59/UE, o cualquier combinación de las anteriores.

Como parte de sus actividades de supervisión continuada, las autoridades competentes llevarán a cabo actividades de seguimiento adecuadas y en tiempo oportuno al objeto de garantizar que la entidad haya subsanado eficazmente las deficiencias detectadas. A este respecto, las autoridades competentes establecerán un marco de escalado para las medidas de supervisión, que facilite la selección de las medidas más adecuadas (tanto cuantitativas como cualitativas) para subsanar las deficiencias detectadas. Esto se entiende sin perjuicio de las competencias de supervisión previstas en el marco jurídico aplicable y de la facultad discrecional de las autoridades competentes para determinar las medidas más adecuadas en función de las circunstancias y deficiencias concretas.

El marco al que se hace referencia en el apartado anterior tendrá en cuenta las siguientes medidas, que no pretenden seguir un orden estrictamente secuencial y que pueden intensificarse o rebajarse según proceda:

• a. entablar un diálogo supervisor reforzado con la entidad, por ejemplo, celebrando una reunión con el órgano de administración o exigiendo a la entidad que realice una autoevaluación;
• b. comunicar las medidas correctoras que se esperan de la entidad (medidas no vinculantes), tales como las expectativas o recomendaciones supervisoras;
• c. exigir a la entidad la adopción de medidas correctoras específicas (medidas vinculantes), tales como el establecimiento de medidas cualitativas que la entidad deba cumplir y/o el establecimiento o el aumento de los requerimientos de Pilar 2 o de los requerimientos de liquidez;
• d. imponer medidas de supervisión para subsanar las deficiencias detectadas, como sanciones administrativas, medidas correctoras o multas.

Al seleccionar las medidas de supervisión, las autoridades competentes identificarán la secuencia completa del proceso de escalado, teniendo en cuenta la información disponible, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de la entidad y la necesidad de garantizar la corrección en tiempo oportuno de las deficiencias detectadas. La selección se basará en las siguientes consideraciones, según proceda:

• a. el resultado que se pretende alcanzar con las medidas y, cuando sea posible, los plazos esperados para que la entidad aborde las deficiencias;
• b. la gravedad de las deficiencias y el posible impacto prudencial de no abordarlas (es decir, si es necesario abordarlas mediante una medida específica) y si las deficiencias ya se han abordado o subsanado mediante otras medidas;
• c. la capacidad o la intención demostradas por la entidad de corregir las deficiencias;
• d. si otras medidas lograrían el mismo objetivo con un menor impacto administrativo y financiero en la entidad;
• e. la posibilidad de que los riesgos y vulnerabilidades identificados puedan estar correlacionados y/o autorreforzarse mutuamente, o ambos, lo que haría necesario aplicar medidas de supervisión más estrictas;
• f. cualquier otro factor que las autoridades competentes consideren pertinente.

Sin perjuicio de la discrecionalidad de las autoridades competentes a la hora de seleccionar las medidas más adecuadas, todas las medidas cuantitativas y cualitativas disponibles deben utilizarse de manera que permitan abordar de la mejor forma posible el nivel de riesgo y/o las deficiencias. Para ello, se debe tener en cuenta la naturaleza del riesgo (cuantitativo y/o cualitativo), el proceso de escalado y el hecho de que deben aplicarse medidas cuantitativas para subsanar las deficiencias en el gobierno interno, incluidos los procedimientos de control interno, además de otras cuestiones, cuando otras medidas de supervisión no hayan resultado eficaces o se consideren insuficientes para subsanar las deficiencias detectadas en un plazo adecuado⁷ .

⁷ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 bis, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/2026-01-11).

Las disposiciones del presente título se entienden sin perjuicio de la posibilidad de que las autoridades competentes puedan adoptar medidas de supervisión directamente vinculadas a los resultados de cualquier actividad de supervisión (p. ej., inspecciones in situ o evaluaciones de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave) cuando los resultados de tales actividades necesiten la aplicación inmediata de medidas de supervisión para abordar las deficiencias significativas.

2.1.3. Diálogo con las entidades

Las autoridades competentes entablarán un diálogo con las entidades en el marco del ejercicio de sus actividades de supervisión.

Las autoridades competentes deberán comunicar a la entidad los resultados de la evaluación del PRES, de conformidad con el título 9, e informarle de cualquier medida que deba adoptar para cumplir las medidas de supervisión aplicadas sobre la base de dichos resultados.