Ámbito de aplicación

Las presentes directrices se aplican en relación con los sistemas de gobernanza interna de las empresas de servicios de inversión exigidos por la Directiva (UE) 2019/2034, que comprenden su estructura organizativa y la correspondiente división interna de responsabilidades, así como en relación con los procesos para identificar, gestionar, realizar un seguimiento e informar de todos los riesgos³ a los que están o podrían estar expuestas, y con el marco de control interno.

³ Toda referencia a los riesgos en las presentes directrices debería incluir todos los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas las empresas de servicios de inversión, incluidos los riesgos para los clientes, los riesgos para el mercado, los riesgos para la empresa de servicios de inversión y los riesgos de liquidez, los riesgos operativos, incluidos los riesgos jurídicos e informáticos y los riesgos para la reputación, los riesgos ASG y los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las presentes directrices se aplican de forma individual y consolidada dentro del ámbito de aplicación establecido de conformidad con el artículo 25 de la Directiva (UE) 2019/2034.

Las directrices tratan de abarcar todas las estructuras existentes de los órganos de administración y no propugnan ninguna estructura concreta. Las directrices no interfieren en la asignación general de competencias prevista en la legislación nacional en materia de sociedades. En consecuencia, deberían aplicarse independientemente de la estructura de gobierno (monista, dualista u otra) utilizada en los distintos Estados miembros. Se considerará que el órgano de dirección, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, puntos 23 y 24, de la Directiva (UE) 2019/2034, tiene funciones de gestión (ejecutivas) y de supervisión (no ejecutivas)⁴ .

⁴ Véase también el considerando 27 de la Directiva (UE) 2019/2034.

Los términos «órgano de dirección en su función de dirección» y «órgano de dirección en su función supervisora» se utilizan en estas directrices sin hacer referencia a ninguna estructura de gobierno específica, y debería entenderse que las referencias a la función de dirección (ejecutiva) o de supervisión (no ejecutiva) se aplican a los órganos o a los miembros del órgano de dirección responsables de dicha función de conformidad con la legislación nacional. Al aplicar estas directrices, las autoridades competentes deberían tener en cuenta su legislación nacional en materia de sociedades y, cuando sea necesario, especificar a qué órgano o miembros del órgano de dirección se deberían referir estas funciones.

En los Estados miembros donde el órgano de dirección delegue, parcial o totalmente, la función ejecutiva en una persona o en un órgano ejecutivo interno (p. ej., el primer ejecutivo (CEO), un equipo directivo o un comité ejecutivo), se considerará que las personas que desempeñan estas funciones ejecutivas y dirigen el negocio de la empresa de servicios de inversión sobre la base de dicha delegación constituyen la función de dirección del órgano de dirección. A los efectos de las presentes directrices, cualquier referencia al órgano de dirección en su función de dirección debe entenderse que incluye también a los miembros del órgano ejecutivo o al primer ejecutivo (CEO), tal como se definen en estas directrices, incluso si no han sido propuestos o designados como miembros formales del órgano u órganos de gobierno de la empresa de servicios de inversión de conformidad con la legislación nacional.

En los Estados miembros donde algunas responsabilidades sean ejercidas directamente por los accionistas, los miembros o los propietarios de la empresa de servicios de inversión en lugar de por el órgano de dirección, las empresas de servicios de inversión deberían asegurase de que tales responsabilidades y las decisiones relacionadas con aquellas estén alineadas, en la medida de lo posible, con las presentes directrices aplicables al órgano de dirección.

Las definiciones de primer ejecutivo (CEO), director financiero (CFO) y titulares de funciones clave que se utilizan en estas directrices son puramente funcionales y no pretenden imponer el nombramiento de dichos cargos ni la creación de los mismos, a menos que así lo establezca la legislación nacional o de la UE pertinente.