5.1 Actividades que requieren la solicitud de una autorización

De acuerdo con la Directiva 2013/36/UE, la protección del ahorro y de la estabilidad financiera exige que el ejercicio de la actividad como entidad de crédito esté sujeto a una autorización previa por parte de la autoridad competente que solo podrá concederse tras la evaluación positiva de la solicitud presentada por la entidad de crédito solicitante.

Las autoridades competentes evaluarán si el solicitante cumple todos los elementos de la definición de entidad de crédito establecida en el artículo 4, apartado 1, punto 1), letra a), del RRC: «una empresa cuya actividad consista en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia». En particular, evaluarán que la entidad de crédito solicitante ejercerá tanto la actividad de «recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables» como la de «conceder créditos por cuenta propia».

Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que una entidad de crédito lleve a cabo las actividades establecidas en el anexo I de la DRC y de conformidad con la legislación nacional. Por lo tanto, la evaluación del plan de negocio por parte de las autoridades competentes abarcará todas las actividades previstas por la entidad de crédito solicitante en el programa de operaciones, incluidas las que van más allá de la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público y la concesión de créditos por cuenta propia, independientemente de que estén recogidas en el anexo I de la DRC, o de otras actividades en virtud de la legislación nacional. Las autoridades competentes examinarán la coherencia y correspondencia entre las actividades previstas y la organización interna del solicitante, así como la ausencia de elementos que puedan impedir el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión. En este sentido, las autoridades competentes aclararán que, una vez autorizada, la entidad de crédito solicitante estará sujeta a un examen exhaustivo de todas las actividades que realice exclusivamente a efectos de determinar la repercusión de todas esas actividades en la regulación y la supervisión prudenciales de la entidad de crédito en su conjunto.

Cuando las autoridades competentes consideren que el modelo de negocio de la entidad de crédito solicitante no cumple todos los elementos de la definición de entidad de crédito establecida en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra a), del RRC, denegarán la autorización.

A falta de un concepto común en la UE de los elementos que componen la definición de entidad de crédito establecida en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra a), del RRC, estas Directrices indican a las autoridades competentes los aspectos fundamentales de dichos elementos, así como los ámbitos a los que las autoridades competentes deben prestar una atención especial a la hora de evaluar la solicitud.

Al evaluar si se cumple la expresión «cuya actividad», las autoridades competentes valorarán que la combinación de ambas actividades de «recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables» y «conceder créditos por cuenta propia» se realizará de forma regular y sistemática.

De acuerdo con el principio general de protección del ahorro, al evaluar si se cumple la expresión «recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables», las autoridades competentes se asegurarán, entre otras cosas, de que el modelo de negocio de la entidad de crédito solicitante (y, por tanto, su estructura de financiación) cubra la recepción o el mantenimiento de dichos depósitos y otros fondos reembolsables hasta su reembolso íntegro. El reembolso íntegro se refiere al importe del principal con los intereses devengados, si los hubiera.

A la hora de evaluar si se cumple la expresión «depósitos», las autoridades competentes centrarán su atención, como mínimo, en asegurarse de que:

• a. sean una suma de moneda fiduciaria en cualquier forma (como monedas, billetes, dinero escritural, etc.);
• b. sean reembolsables a la vista o en un momento acordado contractualmente y con o sin intereses o una prima;
• c. se reciban de terceros (personas jurídicas o físicas);
• d. se reciban en el transcurso del ejercicio de la actividad con carácter profesional.

Las autoridades competentes también tendrán en cuenta que los depósitos pueden adoptar varias formas, pueden ser transferibles, u otros depósitos, incluidos los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo fijo o los certificados de depósito no negociables.

Las autoridades competentes también velarán, entre otras cosas, por que las exclusiones del concepto de depósito admisible y de la obligación de reembolso por parte del sistema de garantía de depósitos establecidas en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos («DSGD») no afecten al concepto de «depósitos» a efectos de la concesión de la autorización como entidad de crédito.

A la hora de evaluar si se cumple la expresión específica «otros fondos reembolsables», las autoridades competentes se referirán a «los instrumentos financieros que tienen carácter intrínsecamente reembolsable», así como a «aquellos que, aunque no posean este carácter, son objeto de un acuerdo contractual que establezca el reembolso de las cantidades pagadas»⁷ . También tendrán en cuenta que dicho concepto debe incluir las obligaciones y otros títulos comparables, como los certificados de depósito negociables (no nominativos), siempre que la entidad los emita de manera continua⁸ .

⁷ Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1999, C-366/97, Romanelli .

⁸ El considerando 14 de la DRC reza: «Por tanto, es necesario que el ámbito de aplicación de las medidas de coordinación de la supervisión de las entidades de crédito sea lo más amplio posible y contemple todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembolsables, tanto en forma de depósito como en otras formas tales como la emisión continua de obligaciones y otros valores comparables [...]» (el resaltado es nuestro).

Al evaluar si los depósitos u otros fondos reembolsables se captan «del público», las autoridades competentes se centrarán en particular en si los «depósitos u otros fondos reembolsables» se reciben como negocio de personas jurídicas o físicas distintas de la entidad de crédito.

A la hora de evaluar si se cumple la expresión «conceder créditos», las autoridades competentes se centrarán en particular en si la entidad de crédito solicitante celebrará acuerdos para la provisión de una suma de dinero para un fin determinado o indeterminado, durante el período de tiempo que se acuerde, y que se reembolsará con arreglo a las condiciones acordadas, que suelen establecer una remuneración. En lo que respecta específicamente a la expresión «por cuenta propia», las autoridades competentes evaluarán si la entidad de crédito solicitante prevé ser el acreedor de la financiación concedida.

Como parte de la evaluación para la concesión de la autorización como entidad de crédito, las autoridades competentes también considerarán si la concesión de una autorización como entidad de crédito es necesaria por la situación subyacente y las circunstancias actuales de la entidad de crédito solicitante. Deberán evaluar la idoneidad y la necesidad de la autorización como entidad de crédito, teniendo en cuenta las actividades que la entidad de crédito solicitante pretende llevar a cabo.

Cuando, sobre la base de la información presentada con la solicitud, no esté del todo claro que la intención real de la entidad de crédito solicitante sea el ejercicio de la actividad como entidad de crédito, las autoridades competentes examinarán la solicitud con mayor minuciosidad. Este es el caso, en particular, cuando detecten un cumplimiento limitado o formal de los distintos componentes de la definición de entidad de crédito.

En tales circunstancias, las autoridades competentes examinarán los posibles motivos de negocio adicionales de la entidad de crédito solicitante que apoyen la presentación de la solicitud, tales como los beneficios derivados de la condición de entidad de crédito en términos de reputación, acceso a los sistemas de pago y liquidación y financiación más barata. Las autoridades competentes harán especial hincapié, entre otras cosas, en el nivel de riesgo de las actividades previstas y la viabilidad del modelo de negocio, teniendo en cuenta también, entre otros factores, los posibles efectos negativos sobre los sistemas de garantía de depósitos y la cantidad y calidad de las garantías depositadas en los bancos centrales.