5.4 Políticas y prácticas de remuneración

Las autoridades competentes evaluarán si la empresa de servicios de inversión aplica políticas y prácticas de remuneración no discriminatorias desde el punto de vista del género, tal como se especifica en los artículos 25 a 26 y 30 a 33 de la Directiva (UE) 2019/2034 y en las Directrices de la ABE sobre políticas de remuneración adecuadas, en particular en lo que respecta a las categorías de personal, incluidos los miembros de la alta dirección, los responsables de asumir riesgos, el personal que desempeña funciones de control y todos los empleados que perciben una remuneración total igual, como mínimo, a la remuneración más baja que reciben los miembros de la alta dirección o los responsables de asumir riesgos, cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante sobre el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión o los activos gestionados.

Las autoridades competentes evaluarán, como mínimo:

• a. si la política de remuneración del personal es coherente con las estrategias de negocio y de riesgo de la empresa de servicios de inversión, con su cultura y valores corporativos, con sus intereses a largo plazo y con las medidas adoptadas para evitar conflictos de intereses, si no es discriminatoria desde el punto de vista del género, no fomenta la asunción excesiva de riesgos y es mantenida, aprobada y supervisada por el órgano de administración;
• b. si el personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión o en los activos gestionados está adecuadamente identificado y en consonancia con la norma técnica de regulación prevista en el artículo 30, apartado 4, de la Directiva (UE) 2019/2034;

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• c. si la remuneración variable no afecta a la capacidad de las empresas de servicios de inversión para garantizar una base sólida de capital y se concede conforme a los requisitos del artículo 32 de la Directiva (UE) 2019/2034;
• d. que la remuneración de las funciones de control interno, cuando existan, no está vinculada a la realización de las actividades que las funciones de control supervisan y controlan y no puede comprometer de otro modo su objetividad;
• e. que las empresas de servicios de inversión han designado, en su caso, un comité de remuneraciones para asesorar al órgano de administración en su función de supervisión y para preparar las decisiones que debe tomar dicho órgano. En caso de que no deba crearse un comité de remuneraciones, los requisitos relativos al comité de remuneraciones se entenderán aplicables al órgano de administración en su función de supervisión; y
• f. la política de remuneración está sujeta a una revisión interna independiente por parte de las funciones de control interno.

Al aplicar el principio de proporcionalidad, las autoridades competentes tendrán en cuenta los criterios previstos en las Directrices de la ABE sobre políticas de remuneración adecuadas, en particular si la empresa de servicios de inversión está autorizada a prestar los servicios y actividades contemplados en la Directiva 2014/65/UE, puntos 2), 3), 4), 6) y 7) de la sección A del anexo 1. En tal caso, la autoridad competente esperará, por principio, un mayor nivel de sofisticación, en particular, si la empresa de servicios de inversión está autorizada a custodiar el efectivo o los activos de los clientes.