6.2. Evaluación del riesgo de crédito y de contraparte

Al evaluar el marco de gestión del riesgo de crédito, las autoridades competentes examinarán el cumplimiento por parte de la entidad de los actos jurídicos publicados por separado en el sitio web de la ABE a que se refiere el apartado 12.

Las autoridades competentes evaluarán el riesgo de crédito derivado de todas las exposiciones de la cartera de inversión (incluidas las partidas fuera de balance). También evaluarán el riesgo de contraparte y el riesgo de liquidación que puedan incluirse tanto en la cartera de inversión como en la cartera de negociación. Para llevar a cabo dicha evaluación, las autoridades competentes tendrán en cuenta todos los componentes que determinan las posibles pérdidas crediticias y, en particular:

• a. la probabilidad de un evento de crédito (es decir, impago), o de eventos de crédito correlacionados, que afecten principalmente a los prestatarios y a su capacidad para reembolsar las obligaciones pertinentes;
• b. el tamaño de las exposiciones sujetas al riesgo de crédito;
• c. la tasa de recuperación de las exposiciones crediticias en caso de impago de los prestatarios.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta la posibilidad de que dichos componentes puedan deteriorarse con el tiempo y empeorar en comparación con los resultados esperados.

Las autoridades competentes evaluarán el impacto de los riesgos ASG sobre el riesgo de crédito inherente, así como la idoneidad de los controles del riesgo de crédito relacionados con dichos riesgos, dando prioridad a los riesgos ambientales. En particular, las autoridades competentes tendrán en cuenta los riesgos físicos y de transición ecológica al llevar a cabo la evaluación del riesgo de concentración de crédito y el riesgo inmobiliario, así como al evaluar el riesgo de crédito en carteras o categorías de exposición específicas que se consideren materialmente expuestas a riesgos ambientales.

Además, las autoridades competentes prestarán atención a la consideración que se da a los riesgos de BC/FT en el marco del proceso de concesión de créditos, en particular si la entidad cuenta con sistemas y controles que garanticen que los fondos utilizados para reembolsar los préstamos proceden de fuentes legítimas.

6.2.2. Evaluación del riesgo de crédito inherente

Identificación de las fuentes significativas de riesgo de crédito

Las autoridades competentes evaluarán el riesgo de crédito tanto desde una perspectiva actual como de futuro, integrando el análisis del riesgo de crédito de la cartera actual con la evaluación de la estrategia de riesgo de crédito de la entidad, el apetito de riesgo de crédito y los límites de riesgo de crédito (posiblemente como parte de la evaluación más amplia de la estrategia llevada a cabo como parte del BMA). Las autoridades competentes tendrán en cuenta además la forma en que la evolución macroeconómica tanto prevista como en situación de tensión podría afectar a esos elementos.

Para evaluar el riesgo de crédito inherente de una entidad, las autoridades competentes identificarán en primer lugar su exposición al riesgo de crédito. A tal fin, y para poder garantizar una identificación coherente de las fuentes de riesgo de crédito a las que la entidad está o podría estar expuesta, las autoridades competentes tendrán en cuenta las siguientes fuentes de información:

• a. plantillas de información regulatoria, como COREP y FINREP, teniendo en cuenta la tipología de exposiciones regulatorias en función del método utilizado por la entidad para los requerimientos de fondos propios (es decir, el método estándar o IRB);
• b. los conocimientos adquiridos en la evaluación de otros elementos del PRES (como el BMA) y de actividades de supervisión anteriores;
• c. comparaciones de la situación de la entidad con la de otras entidades comparables, cuando sea posible. En particular, en el caso de las entidades que utilicen el método basado en calificaciones internas, las autoridades competentes tendrán en cuenta los resultados las estimaciones supervisoras de referencia (ejercicio de benchmarking ) realizadas de conformidad con el artículo 78 de la Directiva 2013/36/UE.

Las autoridades competentes centrarán su evaluación principalmente en las fuentes de riesgo de crédito más significativas identificadas, valorando su materialidad para la entidad desde una perspectiva prudencial. Para llevar a cabo esta evaluación tendrán en cuenta los siguientes elementos:

• a. la estrategia y el apetito de riesgo de crédito, y los límites pertinentes;
• b. el importe del valor de exposición de la cartera considerada comparado con el valor de exposición total de las exposiciones crediticias, incluido su crecimiento a lo largo del tiempo;
• c. el importe del requerimiento de fondos propios por riesgo de crédito de la cartera considerada comparado con el requerimientos de fondos propios totales, incluido su crecimiento a lo largo del tiempo;
• d. cuando proceda, el capital interno asignado por riesgo de crédito para la cartera considerada por la entidad comparado con el capital interno total;
• e. la composición y la calidad de las partidas relacionadas con el crédito dentro y fuera de balance de las carteras normales (incluidas las exposiciones reestructuradas o refinanciadas) y de las carteras dudosas de la entidad, incluido el nivel y la variación a lo largo del tiempo de los deterioros de valor y las cancelaciones y de las tasas de impago de la cartera crediticia.

Las autoridades competentes evaluarán la materialidad del riesgo en relación con la cartera actual, así como desde una perspectiva histórica y prospectiva (evolución anterior de estas cifras y previsiones, cuando se disponga de ellas).

Como fuente de información adicional para la evaluación de materialidad, las autoridades competentes deberían (siempre que sea posible y proceda) tener en cuenta los parámetros internos de riesgo de crédito utilizados por la entidad. Ello incluye evaluar su idoneidad para cuantificar con precisión las exposiciones al riesgo de crédito en las diferentes carteras, prestando especial atención a los datos que figuran en el informe anual elaborado por la función de validación de la entidad y, más concretamente, a los resultados de las pruebas retrospectivas, es decir, la comparación de los parámetros estimados con los resultados observados llevada a cabo por la entidad. Las autoridades competentes prestarán especial atención a las carteras en las que los parámetros estimados hayan subestimado los resultados observados.

Las autoridades competentes también tendrán en cuenta los resultados de las pruebas de resistencia llevadas a cabo por la entidad para identificar cualquier fuente de riesgo de crédito que no se hubiera identificado previamente, como las derivadas de los cambios en la calidad crediticia, las concentraciones de crédito, el valor de las garantías reales y la exposición crediticia durante un período de tensión.

Sobre la base de la evaluación de materialidad realizada en los apartados anteriores, así como de la magnitud y la complejidad del riesgo de crédito y de la cartera de crédito de la entidad, las autoridades competentes deberán elegir el nivel de detalle adecuado para la evaluación.

Naturaleza, tamaño y composición de la cartera crediticia de la entidad (partidas relativas al crédito dentro y fuera de balance)

Las autoridades competentes evaluarán la naturaleza de las exposiciones crediticias (esto es, los tipos de prestatarios y exposiciones) y analizarán la composición de la cartera crediticia de la entidad. A la hora de realizar esta evaluación, las autoridades competentes también considerarán la forma en que la naturaleza de la exposición al riesgo de crédito puede afectar al tamaño de la exposición (p. ej., líneas de crédito/compromisos no dispuestos contratados por los prestatarios, denominación en moneda extranjera), teniendo en cuenta la capacidad legal de la entidad para cancelar unilateralmente las cantidades no dispuestas de líneas de crédito comprometidas.

Para evaluar la naturaleza del riesgo de crédito, las autoridades competentes tendrán en cuenta al menos las siguientes subcategorías de riesgo de crédito llevando a cabo una evaluación más detallada de las subcategorías que se consideren más relevantes para la entidad²⁸ :

• a. riesgo de concentración de crédito;
• b. riesgo de contraparte y riesgo de liquidación y entrega;
• c. riesgo-país;
• d. riesgo de crédito de titulizaciones;
• e. riesgo de préstamo en moneda extranjera;
• f. riesgo inmobiliario;
• g. riesgo de renta variable en la cartera de inversión;
• h. riesgo de dilución;
• i. riesgo de modelo para los modelos regulatorios aprobados.

²⁸ Véase el anexo I para obtener un desglose no exhaustivo de las subcategorías de riesgo de crédito y más detalles sobre su evaluación.

Cuando las exposiciones a financiación especializada se consideren materiales, las autoridades competentes evaluarán dichas exposiciones de forma separada de otras actividades de financiación, puesto que el riesgo de tales exposiciones reside en la rentabilidad del activo o proyecto financiado (p. ej., inmuebles comerciales, central de energía, buques, materias primas) y no en el prestatario (que suele ser una entidad de propósito especial). Para llevar a cabo esta evaluación, las autoridades competentes considerarán:

• a. la rentabilidad de los proyectos y el carácter conservador de las hipótesis subyacentes a los planes de negocio (incluido el riesgo de crédito de los clientes principales);
• b. el impacto de los cambios en la regulación, especialmente para los sectores subvencionados, sobre los flujos de efectivo futuros;
• c. el impacto del cambio de la demanda de mercado, cuando proceda, y la existencia de un mercado para la futura venta potencial del objeto financiado;
• d. la existencia de un sindicato bancario o de otros prestatarios que compartan el riesgo de crédito;
• e. cualquier forma de garantía pignorada por los patrocinadores;
• f. el posible aumento del riesgo de concentración que estas actividades pueden conllevar.

Calidad de la cartera crediticia

Al evaluar la calidad de la cartera crediticia, las autoridades competentes prestarán especial atención a la adecuada clasificación de las exposiciones crediticias y evaluarán el impacto de los posibles errores de clasificación, con la consiguiente demora en la dotación de provisiones y el reconocimiento de pérdidas por parte de la entidad.

Las autoridades competentes llevarán a cabo un análisis para distinguir entre las categorías de exposiciones normales, dudosas y reestructuradas o refinanciadas, teniendo en cuenta tanto el número de deudores como los importes/volúmenes pertinentes. Las autoridades competentes evaluarán la calidad crediticia global de la cartera y los diferentes grados de calidad dentro de cada una de las categorías anteriores para determinar el riesgo de crédito total de la entidad. Como parte de esta evaluación, las autoridades competentes analizarán el riesgo de impago y migración por categorías de exposición, teniendo en cuenta las tendencias de la calidad crediticia a lo largo del tiempo, y considerarán si la calidad de la cartera crediticia real es coherente con el apetito de riesgo declarado, y determinarán las razones de cualquier desviación.

Esto dará lugar a una evaluación global del ciclo de crédito de extremo a extremo de la entidad, desde la concesión de los préstamos hasta el seguimiento y la gestión de cada categoría de exposición. Al realizar el análisis anterior, las autoridades competentes utilizarán comparaciones con entidades comparables y carteras de referencia (p. ej., carteras de prestatarios comunes a grupos de entidades) cuando proceda y sea posible. Este análisis deberá realizarse teniendo en cuenta:

• a. los indicadores de calidad de los activos, tendencias históricas y tasas de crecimiento por tipo de prestatario, sector y producto; distribución de la calificación crediticia de los prestatarios; tasas históricas de migración entre calificaciones crediticias; y tasas de morosidad y de impago para distintos horizontes temporales;
• b. las tasas de préstamos dudosos y la cobertura por cartera, sector y zona geográfica, así como su evolución a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta también las entradas y salidas de cada cartera relevante, la distribución de las exposiciones entre las distintas categorías de exposiciones dudosas (es decir, vencidas, dudosas), el nivel y la evolución a lo largo del tiempo de los deterioros de valor y las cancelaciones para cada factor relevante, las tasas de recuperación históricas y la duración del proceso de recuperación, los activos adjudicados y su evolución a lo largo del tiempo, así como el tiempo transcurrido desde que las exposiciones se clasificaron como dudosas.

Las autoridades competentes evaluarán si el nivel de las provisiones y de los ajustes de valoración del crédito son adecuados para la calidad de las exposiciones y, cuando proceda, para el nivel de las garantías reales, evaluando en particular si el nivel de las provisiones es coherente con el nivel de riesgo en diferentes carteras, a lo largo del tiempo y en comparación con las entidades comparables pertinentes, así como con la evolución macroeconómica pertinente, y si los ajustes de valoración del crédito a los valores de mercado de los derivados reflejan la solvencia de las contrapartes correspondientes. Cuando lo consideren necesario, las autoridades competentes usarán las inspecciones in situ u otras actuaciones supervisoras adecuadas para evaluar si el nivel de provisiones y de cobertura de riesgos es adecuado, analizando, por ejemplo, una muestra de préstamos. Al llevar a cabo dicha evaluación, las autoridades competentes también tendrán en cuenta las conclusiones formuladas por los auditores internos y externos, cuando estén disponibles.

A la hora de evaluar el riesgo de crédito inherente de una entidad, las autoridades competentes tendrán asimismo en cuenta los resultados de las pruebas de resistencia llevadas a cabo por la entidad para identificar cualquier fuente de riesgo de crédito que no se hubiera identificado previamente, como las derivadas de los cambios en la calidad crediticia, las concentraciones de crédito, el valor de las garantías reales y la exposición crediticia durante un período de tensión.

Nivel y calidad del marco de mitigación del riesgo de crédito

Las autoridades competentes también considerarán el nivel y la calidad de las garantías personales (incluidos los derivados de crédito) y de las garantías reales disponibles que reducirían las pérdidas crediticias si se produjeran eventos de crédito, incluidas las no admitidas para la reducción del riesgo de crédito en los cálculos de los fondos propios. Para llevar a cabo esta evaluación, las autoridades competentes considerarán:

• a. la cobertura proporcionada por las garantías personales y las garantías reales por cartera, tipo de prestatario, calificación, sector y otros aspectos pertinentes;
• b. los valores de las garantías reales, tanto para las exposiciones normales como dudosas;
• c. las ratios de recuperación históricas por tipo e importe de las garantías personales y las garantías reales.

Las autoridades competentes evaluarán también la materialidad del riesgo residual (tal y como se menciona en el artículo 80 de la Directiva 2013/36/UE) y, en particular, la idoneidad y la exigibilidad de los acuerdos de garantías reales y las garantías personales, los plazos y la capacidad para ejecutar las garantías reales y personales con arreglo al marco jurídico nacional, la liquidez y la volatilidad del valor de los activos que constituyen garantías reales, así como el valor recuperable de las mismas en el marco de cualquier acción de ejecución crediticia. Las autoridades competentes evaluarán asimismo la concentración por garantes y por garantías reales, así como la correlación con la solvencia del prestatario (p. ej., riesgo de correlación adversa) y el posible impacto en cuanto a la eficacia de la protección.

Factores ASG

A la hora de evaluar el impacto de los riesgos ASG y, en particular, de los riesgos ambientales, sobre el riesgo de crédito inherente, las autoridades competentes deberán procurar tener en cuenta las características específicas de dichos riesgos, como su carácter prospectivo y sus distintos impactos en diversos horizontes temporales, reconociendo las incertidumbres asociadas a las proyecciones a largo plazo y desarrollando al mismo tiempo su capacidad para incorporar estas características en su evaluación.

6.2.3. Evaluación del marco de gestión y control del riesgo de crédito

Para adquirir un conocimiento completo del perfil de riesgo de crédito de la entidad, las autoridades competentes examinarán el marco de gestión y control del riesgo de crédito de la entidad y su adecuación con respecto a las exposiciones al riesgo de crédito inherentes. Para esta evaluación, las autoridades competentes también se basarán en los resultados de la evaluación de otros elementos del PRES (como el BMA y las áreas de gobierno interno). En el caso de las entidades sujetas a la aplicación de las estrategias de reducción de exposiciones dudosas y las correspondientes orientaciones operativas y de gobierno, las autoridades competentes evaluarán también si las entidades cumplen los requisitos específicos establecidos en las Directrices de la ABE correspondientes para dichas estrategias y su puesta en práctica, también con respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de los consumidores.

Estrategia y apetito de riesgo de crédito

Las autoridades competentes evaluarán si la entidad tiene establecida una estrategia, apetito y límites de riesgo de crédito sólidos, claramente formulados y documentados, aprobados por el órgano de administración. A efectos de esta evaluación, las autoridades competentes tendrán en cuenta, entre otros factores, la función que desempeñe el órgano de administración en el establecimiento, la aprobación y la revisión de la estrategia y el apetito de riesgo de crédito, la correcta aplicación de dicha estrategia por parte de la alta dirección, así como su idoneidad para la entidad teniendo en cuenta su modelo de negocio, su apetito general de riesgo, el entorno de mercado actual y futuro y la situación financiera.

Marco organizativo y de control interno

Las autoridades competentes evaluarán si la entidad dispone de un marco organizativo adecuado y procedimientos de gobierno interno que faciliten la asunción, gestión, medición y control eficaces del riesgo de crédito, con recursos humanos y técnicos suficientes (tanto cualitativos como cuantitativos) para poder llevar a cabo las tareas necesarias. En particular, evaluarán si el órgano de administración y la alta dirección de la entidad entienden las hipótesis que subyacen al sistema de medición del riesgo de crédito. Para esta evaluación, las autoridades competentes tendrán en cuenta la adecuación de las líneas de responsabilidad, así como las capacidades y la experiencia del personal para llevar a cabo sus tareas, para asumir, medir, vigilar y comunicar el riesgo de crédito, incluida la gestión de exposiciones dudosas y, en particular, la renegociación de exposiciones dudosas, y, por último, la existencia de una separación clara entre las personas que asumen los riesgos y las personas responsables de la gestión del riesgo.

Las autoridades competentes evaluarán si la entidad cuenta con políticas y procedimientos adecuados para la concesión de créditos, la identificación, la medición, la comunicación y el control del riesgo de crédito, y si dichas políticas y procedimientos son coherentes con la estrategia de riesgo de crédito de la entidad y abarcan todas las actividades y procesos principales. Esto incluye evaluar si dichas políticas están claramente formalizadas, se comunican adecuadamente y se aplican de manera coherente en toda la entidad y en el grupo bancario al que pertenece. Para esta evaluación, las autoridades competentes tendrán en cuenta si el órgano de administración aprueba estas políticas y las analiza y revisa periódicamente, en consonancia con las estrategias de riesgo, así como si la alta dirección es responsable de elaborar y aplicar las políticas y los procedimientos definidos por el órgano de administración.

Las autoridades competentes evaluarán si la entidad dispone de un marco adecuado para identificar, entender, medir, vigilar y comunicar el riesgo de crédito, de conformidad con el tamaño y la complejidad de la entidad. A este respecto, las autoridades competentes evaluarán si la entidad dispone de una infraestructura de datos adecuada y si las técnicas analíticas son las idóneas para que la entidad pueda gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y cumplir los requisitos de información a efectos de supervisión, y detectar, medir y realizar un seguimiento periódico del riesgo de crédito inherente a todas las actividades dentro y fuera del balance (cuando proceda a nivel de grupo).

Las autoridades competentes evaluarán si el órgano de administración y la alta dirección de la entidad entienden las hipótesis que subyacen al sistema de medición del riesgo de crédito y si conocen el grado de riesgo de modelo pertinente. Evaluarán si la entidad ha llevado a cabo pruebas de resistencia para comprender el efecto de eventos adversos en las exposiciones al riesgo de crédito y en la suficiencia de las provisiones que lo cubren, teniendo en cuenta la frecuencia de dichas pruebas, los factores de riesgo pertinentes identificados, las hipótesis en las que se basa el escenario de tensión y el uso interno de los resultados de las pruebas de resistencia para la planificación del capital y para las estrategias del riesgo de crédito.

Las autoridades competentes evaluarán si la entidad ha definido y llevado a cabo un seguimiento continuo y eficaz de las exposiciones al riesgo de crédito (incluida la concentración de crédito) en toda la entidad, entre otros, por medio de indicadores específicos y umbrales pertinentes que ofrezcan alertas tempranas eficaces. Las autoridades competentes evaluarán si la entidad ha informado periódicamente de las exposiciones al riesgo de crédito, incluidos los resultados de las pruebas de resistencia, al órgano de administración, la alta dirección y las personas encargadas de la gestión del riesgo de crédito correspondientes.

Las autoridades competentes evaluarán si la entidad cuenta con un marco de control interno sólido y exhaustivo y con salvaguardas eficaces para mitigar su riesgo de crédito de conformidad con su estrategia y apetito de riesgo de crédito. A efectos de esta evaluación, las autoridades competentes prestarán particular atención al alcance adecuado de las funciones de control de la entidad (incluidas todas las entidades consolidadas, las ubicaciones geográficas y las actividades crediticias), así como a la existencia de límites operativos y otras prácticas destinadas a mantener las exposiciones al riesgo de crédito dentro de niveles aceptables para la entidad, de conformidad con su apetito y sus límites de riesgo. A tal fin, las autoridades competentes prestarán especial atención a si la entidad cuenta con controles y prácticas internos adecuados para garantizar que los incumplimientos (o excepciones) de las políticas, los procedimientos y los límites se comunican con prontitud al nivel adecuado de la dirección para que tome medidas, que incluyan controles para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de BC/FT a los que está expuesta la entidad como consecuencia de sus actividades de concesión de créditos.

Para llevar a cabo esta evaluación, las autoridades competentes valorarán si el sistema de límites resulta adecuado para la complejidad de la entidad y su capacidad para medir y gestionar el riesgo de crédito. Ello incluye evaluar si los límites establecidos son absolutos o si pueden producirse incumplimientos de los mismos. En este último caso, las políticas de la entidad describirán claramente el período de tiempo y las circunstancias específicas con arreglo a los cuales dichos incumplimientos de los límites son posibles. Además, las autoridades competentes evaluarán la idoneidad de los procedimientos establecidos para mantener informadas de sus límites a las personas encargadas de la gestión del crédito , así como si dichos límites son objeto de revisiones y actualizaciones periódicas (p. ej., a efectos de mantener la coherencia con los cambios en la estrategia).

Las autoridades competentes también evaluarán la funcionalidad de la función de auditoría interna en lo que respecta a la idoneidad, el alcance y la frecuencia de las auditorías internas del marco de gestión del riesgo de crédito. Tales auditorías deberían abarcar el análisis de los principales elementos del marco de gestión, medición y control del riesgo de crédito en toda la entidad, así como el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos con las regulaciones externas aplicables , y cualquier desviación de ellas.

En el caso de las entidades que adopten un método basado en calificaciones internas para determinar los requerimientos mínimos de fondos propios por riesgo de crédito, las autoridades competentes también evaluarán si el proceso de validación interna es sólido y eficaz en la puesta a prueba de las hipótesis del modelo y la identificación de posibles deficiencias en el sistema de gestión del riesgo de crédito. Dicha evaluación deberá basarse, cuando esté disponible, en la información derivada de las actividades de supervisión ya realizadas sobre modelos internos (como las inspecciones in situ ), teniendo en cuenta las prácticas de supervisión detalladas en el manual de supervisión de la ABE para la validación de los sistemas basados en calificaciones internas²⁹ .

6.2.4. Resumen de resultados, puntuación y medidas de supervisión

²⁹ EBA/REP/2023/29.

Basándose en la evaluación anterior, las autoridades competentes se formarán una opinión sobre el riesgo de crédito y de contraparte de la entidad. Esta opinión se reflejará en un resumen de resultados, acompañado de una puntuación del riesgo basada en las consideraciones especificadas en el cuadro 6. Cuando, en función de la materialidad de determinadas subcategorías de riesgos, la autoridad competente decida evaluarlas y puntuarlas de forma individual, las instrucciones facilitadas en este cuadro se aplicarán por analogía en la medida de lo posible.

Cuadro 6. Consideraciones supervisoras para asignar una puntuación al riesgo de crédito y de contraparte

El cuadro que figura a continuación presenta una lista no exhaustiva de las medidas de supervisión que las autoridades competentes pueden adoptar en caso de que se detecten deficiencias en el marco de gestión del riesgo de crédito y de contraparte de la entidad. Las autoridades competentes decidirán el tipo de medida en función de su eficacia para subsanar la deficiencia concreta identificada. Las autoridades competentes podrán aplicar medidas de supervisión adicionales [incluidas medidas cuantitativas de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE] o una combinación de ellas si se consideran más adecuadas para subsanar las deficiencias identificadas.

Cuadro 7. Lista orientativa y no exhaustiva de medidas de supervisión para el riesgo de crédito y de contraparte Posibles medidas de supervisión que pueden adoptar las autoridades competentes de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letras b), d), e), f), j), l), m) y n) de la Directiva 2013/36/UE – Las autoridades competentes podrán exigir a la entidad: A. implicar al órgano de administración o a sus comités de forma más activa en las decisiones de crédito correspondientes; B. mejorar los sistemas de medición del riesgo de crédito; C. mejorar los controles de los procesos de crédito, incluida la concesión, seguimiento y recuperación de créditos; D. mejorar la gestión, la evaluación y el seguimiento de las garantías reales; E. mejorar la calidad y la frecuencia de la información sobre el riesgo de crédito presentada al órgano de administración y a la alta dirección; F. aplicar una política de dotación de provisiones específica y —cuando lo permitan las normas y la regulación contables— exigirle que aumente las provisiones; G. ajustar los parámetros de riesgo interno y/o las ponderaciones de riesgo usadas para calcular los importes de exposición al riesgo para productos, sectores o tipos de deudores específicos; H. aplicar descuentos más altos al valor de las garantías reales; I. reducir las grandes exposiciones u otras fuentes de riesgo de concentración de crédito; J. endurecer los criterios para la concesión de créditos para todos o algunos de los productos o categorías de deudores; K. reducir su exposición o adquirir protección para tipos de operaciones (p. ej., hipotecas, financiación de la exportación, inmuebles comerciales y titulizaciones), categorías de deudores, sectores o países específicos; L. aplicar una estrategia adecuada para reducir el importe o la proporción de exposiciones dudosas; M. mejorar la gestión del riesgo de crédito relacionado con los riesgos ASG, en particular los riesgos ambientales, posiblemente sobre la base de una o varias de las medidas antes enumeradas.