9.3 Estructura organizativa

Las autoridades competentes verificarán que la estructura organizativa de la entidad de crédito muestre una organización sólida con disponibilidad de canales de información eficaces, asignación de responsabilidades y medición y gestión de riesgos, incluida la supervisión posterior, a fin de garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito. La revisión también incluirá el organigrama que establece la organización interna prevista en cuanto a departamentos, divisiones, equipos y la correspondiente asignación de personal.

Las autoridades competentes evaluarán de manera pormenorizada si la estructura organizativa presentada —incluidos el tamaño proyectado, el número de puestos de trabajo equivalentes a jornada completa (FTE) y los sistemas— es acorde con el modelo de negocio, los tipos y la distribución geográfica de las actividades y los riesgos que la entidad de crédito solicitante pretende asumir. Por lo tanto, dicha evaluación deberá estar respaldada por el plan de negocio revisado de acuerdo con la sección 7 de estas Directrices.

Para conceder la autorización o iniciar las actividades, según sea el caso, las autoridades competentes deben estar suficientemente convencidas de los progresos realizados en cuanto a la implantación de la estructura organizativa, incluidos los progresos en la contratación del personal indicado con las cualificaciones adecuadas.

Las autoridades competentes prestarán especial atención a evitar la creación de estructuras poco transparentes o innecesariamente complejas que no tengan una justificación económica

• o un propósito legal claros o que puedan utilizarse con un objetivo relacionado con el blanqueo de capitales u otros delitos financieros⁴² .

⁴² El apartado 76 de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno establece: «Las entidades deberían evitar establecer estructuras complejas y potencialmente no transparentes. Al tomar decisiones, deberían tener en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos realizada para identificar si tales estructuras podrían utilizarse con fines relacionados con el blanqueo de capitales u otros delitos financieros, así como los mecanismos de control correspondientes y el marco jurídico vigente [...]».

Cuando el plan de negocio prevea la creación de estructuras en otras jurisdicciones, las autoridades competentes evaluarán el cumplimiento efectivo de dichas jurisdicciones con las «normas internacionales y de la UE sobre transparencia fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»⁴³ . También evaluarán hasta qué punto la estructura prevista tiene una finalidad económica lícita aparente, o hasta qué punto la estructura podría utilizarse para ocultar la identidad del titular real, o si la estrategia de negocio (incluida la solicitud del cliente que subyace a la creación de la estructura) es motivo de preocupación. Las autoridades competentes evaluarán si la estructura impide una vigilancia adecuada por parte del órgano de dirección de la entidad o merma la capacidad de esta para gestionar el riesgo asociado, y si la estructura plantea obstáculos para una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes⁴⁴ .

9.3.1 Valores corporativos, cultura del riesgo, código de conducta y políticas de gobierno

⁴³ El apartado 76, letra a), de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno dice: «hasta qué punto la jurisdicción en la que se establecerá la estructura cumple efectivamente con las normas internacionales y de la UE sobre transparencia fiscal, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;».

⁴⁴ Apartado 76, letras a) a f), de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno .

Las autoridades competentes verificarán que los términos de referencia del órgano de dirección relativos a los valores corporativos garanticen la adopción, promoción y aplicación de elevadas normas éticas y profesionales, creando un entorno de actitud crítica efectiva en el que los procesos de toma de decisiones fomenten una variedad de puntos de vista.

En consonancia con el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso ii), quinto guion, de las NTR sobre la información para la autorización , las autoridades competentes revisarán también las líneas generales de la política de fomento de la diversidad del órgano de dirección y deben estar convencidas de que se ajustan a los criterios establecidos en el artículo 88, apartado 2, letra a), de la DRC y establecen un objetivo cuantitativo o, en su caso, cualitativo de fomento de la diversidad, así como la frecuencia de la evaluación.

9.3.2 Política en materia de conflictos de intereses

Las autoridades competentes verificarán que las líneas generales de la política de conflictos de intereses hacen responsable al órgano de dirección de «establecer, aprobar y supervisar la aplicación y el mantenimiento de políticas eficaces para identificar, evaluar, gestionar y mitigar

• o prevenir conflictos de intereses reales y potenciales a nivel de la entidad», así como entre la entidad y el personal, incluidos el órgano de dirección y los familiares más cercanos del personal⁴⁵ .

⁴⁵ Véanse las secciones 11 y 12 de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno .

En lo que respecta a los conflictos de intereses a nivel de la entidad, las autoridades competentes deben estar convencidas de que las líneas generales de la política de conflictos de intereses establecen que «las medidas de las entidades para gestionar o, en su caso, mitigar los conflictos de intereses, deberían documentarse»⁴⁶ e incluyen una segregación de funciones adecuada, barreras a la información y procedimientos adecuados para las transacciones con partes vinculadas.

⁴⁶ Véase el apartado 107 de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno .

En cuanto a los conflictos de intereses a nivel del personal, las autoridades competentes deben estar convencidas de que la política abarca al menos las situaciones previstas en el apartado 109 de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno⁴⁷ , y que establece «procedimientos, medidas, requisitos de documentación y responsabilidades para la identificación y prevención de conflictos de intereses, para la evaluación de su materialidad y la adopción de medidas mitigadoras». 9.3.3 Denuncia de irregularidades, abuso de mercado, gobernanza de productos, protección del consumidor, gestión de quejas y reclamaciones

⁴⁷ El apartado 111 de las Directrices de la ABE sobre gobierno interno establece: «La política abarcará al menos las siguientes situaciones o relaciones en las que puedan surgir conflictos de intereses: a. intereses económicos (p. ej., acciones, otros derechos de propiedad y pertenencia a asociaciones, participaciones financieras y otros intereses económicos en clientes comerciales, derechos de propiedad intelectual, préstamos otorgados por la entidad a una empresa propiedad del personal, pertenencia a un órgano o propiedad de un órgano o entidad con intereses enfrentados); b. relaciones personales o profesionales con los propietarios de participaciones significativas en la entidad; c. relaciones personales o profesionales con personal de la entidad o de entidades incluidas en el ámbito de consolidación prudencial (p. ej., relaciones familiares); d. otros empleos y empleos anteriores en el pasado reciente (p. ej., los últimos cinco años); e. relaciones personales o profesionales con terceros relevantes con intereses en la entidad (p. ej., asociaciones con proveedores, consultores u otros proveedores de servicios esenciales); e f. influencia política o relaciones políticas».

La revisión por parte de las autoridades competentes de las líneas generales de la política de denuncia de irregularidades debe garantizar que el personal pueda denunciar con seguridad las infracciones potenciales o reales de los requisitos regulatorios o internos. Para evitar conflictos de intereses, el personal debe poder denunciar las infracciones fuera de las líneas de comunicación ordinarias. Los procedimientos de alerta garantizarán la protección de los datos personales tanto de la persona que denuncia la infracción como de la persona física presuntamente responsable de la infracción, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD).

Las autoridades competentes deben estar convencidas de que las líneas generales de la política abarcan el proceso de tratamiento de la información sobre una infracción potencial o real y la protección de la persona que la denuncia, de conformidad con las Directrices de la ABE sobre gobierno interno .

La revisión por parte de las autoridades competentes de las líneas generales de la política de abuso de mercado debe garantizar la adhesión de la entidad de crédito a los estándares apropiados que impidan el abuso de mercado. En particular, incluirá el proceso de identificación, gestión y denuncia de las infracciones de abuso de mercado.

Las autoridades competentes verificarán que, en consonancia con las Directrices de la ABE sobre procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos de banca minorista⁴⁸ , las líneas generales de la política de gobernanza de los productos garantice que la entidad de crédito solicitante, en calidad de fabricante o distribuidor, aplicará una política sólida de gobernanza de los productos que prevea procesos internos, funciones y estrategias para garantizar que i) se tengan en cuenta los intereses, objetivos y características de los consumidores, ii) se eviten posibles perjuicios al consumidor, y iii) se minimicen los conflictos de interés.

⁴⁸ EBA/GL/2015/18, disponibles en https://www.eba.europa.eu/guidelines-on-product-oversight-and-governance-arrangements-for-retail-banking-products

El examen por parte de las autoridades competentes de las líneas generales de la política de protección de los consumidores tendrá como objetivo garantizar que la entidad de crédito solicitante establezca una política sólida de protección de los consumidores para proporcionarles información y protección adecuadas. En particular, las líneas generales garantizarán que la política de protección de los consumidores cumpla con el marco normativo y proporcione una formación adecuada al personal pertinente. Para ello, debe abarcar las normas y los principios, el control del cumplimiento y la concienciación del personal.

El examen por parte de las autoridades competentes de las líneas generales de la política de gestión de quejas y reclamaciones tendrá como objetivo garantizar que la entidad de crédito proporcione a los consumidores una protección adecuada en cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables. Las líneas generales deben abarcar el proceso de recepción, evaluación y respuesta a las quejas y reclamaciones.